La Fiscalía da la razón a la asturiana a la que un juez de Vitoria obliga a volver a vivir cerca de su agresor

La historia de María (nombre ficticio) fue adelantada por EL COMERCIO hace ya tres años. En aquel momento, la asturiana había vuelto al hogar familiar con sus hijas para huir de su exmarido, condenado por maltrato. Pese a la sentencia de violencia de género y a los informes psicosociales tanto de la unidad de valoración forense, como de la propia psicóloga de su exmarido, que indicaban que el acusado «tiene limitaciones para mantener a las menores al margen de su estado emocional» y que «el riesgo de que agreda a su mujer es muy alto», la Audiencia de Vitoria obligó a la asturiana a volver a residir en la capital vitoriana, para que su exmarido pudiera cumplir el régimen de visitas a las hijas de ambos, cuya custodia tiene ella.

Tras años de lucha legal, una nueva sentencia dictada el pasado 25 reiterab esa obligación de residir en Vitoria, cuando tanto la madre, como las hijas están arraigadas en Asturias, donde ella tiene trabajo y ellas, colegio. María aseguró entonces a este periódico que iba a recurrir el último fallo, porque no entendía «cómo pueden primar los derechos de un condenado por maltrato antes que los de la víctima».

La Fiscalía comparte los argumentos y ya ha presentado su recurso. En su escrito, además de poner en duda la justificación que el juez dio para determinar que la mujer debía vivir cerca de su maltratador, recuerda que la decisión de traslado a Asturias de María y sus hijas «fue debida a la existencia de un proceso relacionado con la violencia de género». Prosigue la fiscal, que la última decisión judicial «contraviene sin justificación alguna las conclusiones del informe del equipo psicosocial, según el cual la custodia materna ofrece más estabilidad y seguridad a las menores, no recomendando cambio alguno y mueho menos el traslado de las menores, que se encuentran perfectamente adaptadas a su actual lugar de residencia», en Asturias.