Balance anual de la Fiscalía de Asturias: investigaciones en residencias y más abusos sexuales y maltratos de hijos a padres

Tanto es así que Fernández aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para solicitar al Principado un plan de choque para afrontar situaciones extraordinarias como la pandemia por covid y que «el futuro no nos vuelva a pillar a contrapié». Por no hablar de que, en este año y medio, «ha cobrado aún más importancia la necesidad de apostar por las nuevas tecnologías y de unos edificios judiciales modernos y unificados». Una reivindicación que viene de lejos y sobre la que «ya he tenido una reunión con el Principado».

En términos absolutos, durante 2020, se incoaron en Asturias un 16,6% de procedimientos menos y se redujeron «de manera importantísima» -un 31,8%- las diligencias urgentes y los señalamientos con intervención de la Fiscalía -un 25%-, del mismo modo que aumentaron las suspensiones de juicios en más de un 38%. En relación directa con la covid, Esther Fernández destacó la función tuitiva desempeñada por el Ministerio Fiscal en las residencias geriátricas. Actualmente, todavía recibe dos informes diarios de la situación que se vive en los centros sociosanitarios, donde ejercieron una labor «más de protección que de control». Aunque de las nueve investigaciones referidas «por temas directamente relacionados con la covid», la inmensa mayoría tienen que ver con muertes de mayores que residían en geriátricos, aunque al final no llegaron a materializarse en querella. De hecho, en 2020, el 74% de las diligencias tramitadas por la Fiscalía se archivaron.

La fiscal superior de Asturias apuntó también un aumento en los delitos de orden público, derivado de la resistencia o atentado a los agentes de la autoridad, previo incumplimiento de las medidas sanitarias. Circunstancia que no llegó a cuantificar pero que sí desvinculó, por ejemplo, de la celebración de botellones que tantos rompederos de cabeza ha causado al gobierno regional y a los ayuntamientos. «El botellón está prohibido, pero no es un hecho delictivo en sí mismo, sino un incumplimiento administrativo. El delito viene de la reacción de los participantes cuando intervienen las fuerzas de seguridad», puntualizó.

Comentario especial merecieron los delitos contra la libertad sexual, que disminuyeron un 5,8% cuando lo habitual viene siendo entre un 20 y un 30%; los abusos sexuales, que aumentaron un 10%, a menudo dentro del entorno familiar, pero también favorecido por las redes sociales; y las denuncias por violencia de género, que, si bien se redujeron durante el confinamiento, no así los casos de maltrato. De hecho, «al final del año los números eran muy similares a los de 2019».

De los 30.470 asuntos que se registraron en Asturias en 2020, el Fiscal solo acusó en 4.305. Se dictaron un total de 3.736 sentencias, de las cuales fueron condenatorias más del 89%. Llama la atención que el 43% de los delitos cometidos en el Principado son contra la vida y la integridad física de las personas; el 29,9% contra el patrimonio; y, en cuanto a violencia en el ámbito familiar, se solicitaron 407 medidas de protección a mujeres y se calificaron 879 procedimientos, además de detectarse un aumento de maltratos de hijos a sus padres. En concreto, se ha pasado de 54 causas por este motivo a 76, fruto también del confinamiento.

Y siguiendo con los efectos colaterales de la pandemia, esta semana llegaba a la Fiscalía la denuncia de la Federación Gijonesa de Asociaciones de Vecinos contra el Servicio de Salud del Principado (Sespa), al que piden la restauración de los derechos y deberes de los pacientes de los centros de Atención Pública, una vez que la región ha entrado en lo que se conoce como nueva normalidad. «Aunque el sistema de cita previa ha venido para quedarse, eso no obsta para que en los diferentes servicios públicos que sirven a los ciudadanos nos atiendan con un mínimo de respeto e integridad. Que los pacientes exigen ser vistos por el personal sanitario en tiempo y forma», reza la denuncia. La Fiscalía ha abierto diligencias.