La Fiscalía alerta de la «ligereza» de las citas sexuales «con menores de 14 años»

Las palabras son de Jorge Fernández Caldevilla, el Fiscal de Menores de Asturias. Las plasmó en la última memoria de actividad de la Fiscalía, la de 2023 que ofrece, en realidad, los datos del año anterior. No es la primera vez que el fiscal alza la voz sobre lo que está ocurriendo con los menores en Asturias y sus advertencias resultan proféticas hoy, cuando el sistema de protección infantil del Principado aún está reajustando sus cimientos.

Porque se tambalearon el pasado 7 de mayo, cuando la Policía Nacional desveló que ha desmantelado en Asturias una red de explotación sexual y prostitución que tenía como víctimas a cinco menores tuteladas. Ellas, de edades entre 13 y 17 años, eran agredidas y prostituidas por, al menos, doce varones. Los que han sido detenidos, todos de edades comprendidas entre 26 y 44 años, y ninguno relacionado con los centros de acogida. De todos ellos, sólo uno está en prisión. Del resto, dos están siendo encausados en Madrid y nueve están en libertad provisional con medidas cautelares, que en el caso de cuatro incluyen orden de alejamiento de sus víctimas.

Un caso que denunció la propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, al advertir las educadoras de las menores que algo estaba ocurriendo. Y un caso que ha llevado a los expertos en infancia a volver a pedir «cambios. Yo he eliminado de mi vocabulario aquella frase de 'prohibido prohibir'. A veces es necesario prohibir y, en este caso, determinadas aplicaciones que incitan a la prostitución».

Así lo asegura Mariti Pereira, fundadora y responsable del primer Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato (Cavasym) que abrió en Gijón en 1986 y atendió, y atiende, a víctimas de toda la región. La apertura del Centro de Crisis para Víctimas de Agresión Sexual de Asturias, en noviembre de 2020, convirtió a Cavasym en centro de referencia para los casos que afectan a niñas menores de 12 años y a niños de todas las edades.

«Las agresiones sexuales a menores están al alza. Ya comenzaron a subir hace unos años, pero ahora hay más. Y con víctimas más jóvenes», explica Pereira. Los datos de la Fiscalía de Menores hablan que «las denuncias por delitos contra la libertad sexual por las que se incoó expediente fueron en total 20» en 2022, una «cifra similar a los 21 del año anterior».

En cuanto a los expedientes por abusos sexuales «fueron once». En tres de ellas, «consistió en la obtención de vídeos o fotografías de carácter íntimo de menores, luego difundidas por Instagram». En otra, «una menor fue condenada, además de por vejaciones y acoso, por inducción a la prostitución de una compañera menor de edad».

Todo porque «se está normalizando la sexualización de las menores», insiste Mariti Pereira. «Estamos viendo cómo se blanquea la prostitución con el uso de aplicaciones en las que se paga por fotos y vídeos íntimos. Estamos creando una sociedad en la que todo vale por ser la más popular, por tener más 'likes' o ganar dinero fácil», asegura.

Una actividad aparentemente 'inofensiva' que abre la puerta, asegura Pereira, «a problemas más serios». Por ejemplo que, como indica también la memoria del fiscal de menores, que siga «siendo significativo el número de casos (cinco) en los que los hechos denunciados parten de una relación sexual inicialmente consentida, en la que la denunciante refiere que en un determinado momento se quedó bloqueada o paralizada, no existiendo otras pruebas que permitan acreditar alguna violencia o intimidación o que la víctima estuviera privada de sentido».

Pide Mariti Pereira no sólo impedir el acceso de menores a esas aplicaciones –Only Fans, Tiktok o Sugar Daddy–, sino «comenzar, de una vez por todas,a impartir educación afectivo sexual, tan importante como las matemáticas o la literatura». Exige, además, tolerancia cero real y universal. «¿Por qué de los doce acusados de abuso sexual a estas cinco menores tuteladas solo uno está en prisión?» se pregunta para, a renglón seguido, responderse: «Porque la violencia sobre las mujeres sigue sin ser considerado un problema a eliminar».

Como «desaparición inquietante». Así trata la Policía Nacional cada aviso de fuga –«de no regreso al centro», precisan fuentes policiales–, por parte del Principado. «Nosotros actuamos exactamente igual a como lo hacemos cuando es una familia la que llama diciendo que su hijo o hija menor no ha regresado a casa. Lo calificamos de 'desaparición inquietante' y tratamos de recabar toda la información sobre el menor y los lugares donde puede estar».

Si en lugar de un padre o una madre es el responsable de uno de los 18 centros de acogida a menores –8 pùblicos y 10 concertados– «hacemos exactamente igual. Recabamos todos los datos posibles del menor y activamos su búsqueda» .

Y, salvo la denominación, «nosotros lo calificamos de desaparición», la actuación de la Guardia Civil es clónica a la de la Policía Nacional. «Cuando nos llaman desde un centro de acogida porque un menor no ha regresado al centro en su horario, pedimos todos los datos posibles para repartirlos entre todos, ya que en la búsqueda participamos todos».

Unos protocolos que el Principado quiere «afinar» ahora, para agilizar el regreso de los menores, en su mayor parte adolescente, que deciden abandonar el centro. Unos protocolos puestos en jaque después de que la Policía Nacional hiciera público que ha desactivado una red de abuso sexual y prostitución que tenía como víctimas a cinco menores tuteladas por el Principado. De los doce detenidos, solo uno está en prisión provisional.