Fiscalía ve «alarmante» la divulgación de fotos íntimas y pide reforzar la educación

Los teléfonos inteligentes -con sus cámaras, internet y aplicaciones de mensajería- llegaron alrededor del 2010 y siguen avanzando más rápido que la educación en su manejo. Ese es al menos el toque de atención que trató de dar la Fiscal Superior del Principado, Esther Fernández.

«Continúa siendo alarmante el número de denuncias relacionadas con el uso inadecuado de las nuevas tecnologías en los delitos contra la intimidad», declaró. Son delitos «cometidos por menores o mayores de edad, en los que los autores divulgan sin consentimiento grabaciones o fotografías de un tercero, cometiendo un delito aunque la víctima las haya enviado voluntariamente a quien después las difunde», describió.

Fernández acudió a la Junta General para presentar la última memoria anual cerrada por su departamento, que se centra en lo ocurrido en 2019. En aquel año quince jóvenes de un instituto de Avilés denunciaron cómo compañeros suyos habían alojado en una 'nube' de internet un fichero con cincuenta carpetas, todas con fotos que afectaban a la intimidad de una alumna y que habían recopilado durante dos años.

Fue un caso sonado, pero no aislado, según advirtió. Las nuevas tecnologías «nos han dado la vida en estos tiempos en los que hemos estado encerrados, a mí la primera que si no es por ellas me da un ataque porque vivo sola». Sin embargo ese tráfico propicia «la impunidad que siente al autor, que se puede esconder tras las redes» y un daño «tremendo» para la víctima.

La Fiscalía «puede perseguir el hecho delictivo pero nada más; le corresponde a quien está haciendo una labor educativa» instruir en el manejo de las tecnologías, explicar que «lo que pones ahí queda para siempre, tener mucho cuidado y un concepto más importante de lo que es la intimidad y la imagen». En suma, inculcar que «una foto que te hace mucha risa en 20 años te desgracia la vida», aconsejó.

Luis Carlos Fanjul, diputado de Ciudadanos, puso la lupa sobre la okupación y los menores extranjeros no acompañados (Menas), fenómenos que «no creo que en Asturias tengan un comportamiento problemático». La fiscal coincidió: «Con los Menas no hay un conflicto especial, no son un problema y lo único que hacemos es el expediente de determinación de edad, y las okupaciones no son un problema importante en Asturias. Si leemos la estadística de usurpación y allanamiento de morada no tenemos demasiados casos; cuando se produce es el exmarido que entra».

Esa lucha contra la violencia machista se ve perjudicada por los inmuebles obsoletos que ocupan determinados juzgados, según apuntó Rafael Palacios, desde Podemos. «Los edificios tienen una característica y es que no estiran, el espacio es el que es», le respondió Fernández. En Oviedo esta área especializada hubo que «embutirla» en un palacio que «nació pequeño». El resultado es que «el fiscal debería tener un espacio para tramitar conformidades, tiene que haber negociaciones porque Violencia de Género hay mucho que hablar y explicar».

Hacen falta nuevas sedes y «no hablo de comodidades porque a mí con un ordenador y una mesa me basta y me sobra». «La administración, si piensa lo que gasta ahora en alquileres de edificios, transportes y tiempo de trabajo que es muy caro, igual en cinco años lo tiene amortizado», consideró. Fernández recordó que en su día cuando propuso que se instalara en su departamento un sistema de videoconferencia «hice un cálculo de lo que se iba a ahorrar en taxis, hay que pensar en términos económicos a corto y medio plazo».

La responsable del Ministerio Público en la región considera «razonable» la propuesta de «intercambio» de sedes con la Universidad de Oviedo, al objeto de que fiscales y juzgados ocupen las facultades localizadas en Llamaquique.