Fiscalía advierte del «preocupante» aumento de delitos sexuales

El perfil mayoritario del agresor es una persona conocida por la víctima. Se han dado varios casos también de agresiones a menores por parte de «personas que previamente habían conocido a través de las redes sociales», así como casos de agresiones a personas «con sus capacidades disminuidas o incluso anuladas por la ingesta previa de alcohol o algún tipo de estupefaciente».

También aumentaron en 2021 los delitos de violencia de género y doméstica, en un ejercicio, además, en el que Asturias registró una muerte por este motivo. En este año, la Fiscalía formuló el mayor número de acusaciones en los últimos cinco años. Y se consolidó el alza de la ciberdelincuencia (desde estafas a introducción de virus informáticos).

Otra llamada de atención de Fiscalía, esta vez en relación con los menores: el «uso indebido y abusivo de las redes sociales», cuestión que es además «factor desencadenante de la violencia familiar». Describió la fiscal superior situaciones en las que los padres castigan al menor sin wifi o móvil y esto desencadena «una reacción violenta». También ha lamentado una «falta de supervisión y banalización de los comportamientos sexualizados entre los jóvenes».

El mayor grupo de infracciones penales de Asturias es el de los delitos contra la vida y la integridad (un 43% del total). Aunque los delitos de homicidio descendieron, aumentaron en más de un 83% los homicidios por imprudencia. La explicación está en las muchas denuncias presentadas por las muertes en los centros de mayores durante la pandemia.

No ha sido la única llamada de atención de Esther Fernández ante las autoridades políticas, judiciales, policiales, camerales… Su intervención ha comenzado, de hecho, hablando de los «profesionales de la denuncia», «denuncias generales contra todo y contra todos», denuncias «extravagantes, de difícil lectura e imposible comprensión», denuncias que «solo persiguen la noticia periodística»… No ha escatimado adjetivos para describir los asuntos que llegan a su institución. En 2021 se incoaron, en concreto, 477 diligencias de investigación, un 23% más que el año anterior. «Supone una media de casi 40 al mes, aunque se remitió al juzgado, con denuncia o querella, menos de un cuarto del total». Por eso, la fiscal superior ha sido hoy contundente al solicitar «una modificación del sistema, que permitiera que no toda denuncia generase automáticamente unas diligencias de investigación. Sería preciso que, ante una denuncia, se pudiera hacer una valoración previa y dictar un decreto de no admisión a trámite de la misma».

Ha sido muy crítica la fiscal superior con esa cuestión, ya que todas esas denuncias que no tienen después ningún recorrido judicial «implican un trabajo totalmente innecesario pero arduo». Basten algunos ejemplos: de las 50 diligencias de investigación incoadas en el año 2021 relacionadas con la corrupción, solo una finalizó con denuncia en el juzgado. Las demás fueron todas archivadas. De las 13 incoadas por prevaricación judicial no prosperó ninguna.

Más allá de esto, las cifras de 2021, tanto las ofrecidas por la fiscal como por el presidente del TSJA demuestran el regreso a la normalidad tras un claro descenso de los asuntos judiciales en 2020. El año pasado se registraron 37.641 procedimientos por delitos graves o menos graves, un 16,6% más que el ejercicio anterior; 6.559 juicio por delitos leves, un 88% más; se tramitaron 40.684 diligencias previas (de las que casi el 60% se cierran nada más abrirse). En cuanto a las diligencias urgentes, los denominados juicios rápidos, supusieron el 9,3% de los procedimientos. Esther Fernández ha aprovechado para solicitar otra modificación del sistema, en este caso para «no limitar las posibilidades que ofrece este procedimiento, dado que es el más ágil de todos los que contempla nuestro ordenamiento jurídico».

Finalmente, ha vuelto a reivindicar la necesidad de desdoblar la Fiscalía Superior de Asturias y crear una Fiscalía Provincial.