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José Antonio Renedo y su hermana, Marta Renedo, en 2013, cuando comparecieron ante la comisión de investigación parlamentaria de la Junta General del Principado. MARIO ROJAS
La fiscal sospecha que Renedo oculta su patrimonio para no devolver el dinero al Principado

La fiscal sospecha que Renedo oculta su patrimonio para no devolver el dinero al Principado

La Audiencia lleva dos años analizando cuánto debe reembolsar. Un juzgado investiga si aprovechó para traspasar un piso a su hermano

RAMÓN MUÑIZ

GIJÓN.

Domingo, 3 de octubre 2021, 00:54

Marta Renedo, la exfuncionaria del Principado condenada por aprovechar su puesto para apropiarse de fondos públicos durante al menos nueve años vuelve a ser sujeto de investigación. Un Juzgado de Instrucción de Oviedo acaba de iniciar unas pesquisas para comprobar si desde la cárcel de Álava en la que cumple condena participó en una operación societaria cuyo propósito sería el de ocultar parte del patrimonio que logró de forma fraudulenta y evitar así tener que devolverlo al erario público. Ha sido la fiscal del 'caso Renedo' la que ha dado la voz de alarma al descubrir una serie de indicios en los que sospecha que hay un delito de insolvencia punible, según confirman fuentes cercanas a Avall, una de las acusaciones populares que hay en el proceso.

Este nuevo capítulo judicial de Renedo tiene su origen en su última etapa en el Principado. Según establecen las sentencias de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo que la condenaron, entre 2008 y 2010 Renedo aprovechó su puesto como jefa de servicio de Modernización para tramitar una serie de contratos menores a Implans Mounts, una empresa pantalla sin plantilla estable y de la que era accionista única. El dinero lo facturaba asegurando que la sociedad estaba haciendo complejos trabajos informáticos para el Principado que en realidad eran inexistentes o que habían ejecutado otros departamentos.

Los frutos del delito

Gracias a esta operativa, Renedo pudo hacerse con un piso de 113 metros cuadrados en pleno centro de Oviedo, en la calle Cimadevilla. Según consta en el Registro de la Propiedad, a finales de 2008 se lo compró a la promotora Máximo Fromestano 98. El inmueble lo puso a nombre de Implans Mounts, anotando en las cuentas de la sociedad que el precio del mismo, sus muebles y los costes de escritura habían tenido un coste de 438.917,41 euros.

La exfuncionaria es copropietaria junto a su marido de otro piso en el centro de Avilés y una vivienda en Caravia. Es decir, el inmueble en el centro de Oviedo ha constituido siempre la principal propiedad de Renedo de la que podía tirar el Principado para recuperar parte del dinero que le fue defraudado.

Para asegurar que ese bien no se perdía, durante la instrucción del 'caso Renedo' se decretó el embargo judicial del piso. El problema es que los años han ido pasando sin que la Justicia haya terminado su trabajo. La Audiencia Provincial dictó la sentencia de primera instancia en 2017 y el Tribunal Supremo puso la definitiva en 2019. Sirvieron para que quienes fueron condenados a penas de cárcel ingresaran en prisión a saldar esa parte del castigo, pero en ambos momentos los jueces dejaron para más adelante determinar cuánto dinero deben devolver al Principado.

En esa tarea sigue, dos años más tarde, la Audiencia Provincial. Aunque en cifras generales la Justicia asturiana es de las que más al día están, hay procedimientos complejos que se acaban dilatando.

1,54 millones sin reintegrar

De forma provisional la Audiencia estimó en 1,54 millones el dinero que Renedo tendrá que devolver al Principado «no habiendo abonado la penada cantidad alguna a cuenta», según recoge en una diligencia de mayo. Fue en ese momento cuando se puso a verificar de nuevo la situación de los bienes de la exfuncionaria, destapando la sorpresa.

Sobre el piso pesaba una pequeña hipoteca en favor de un tercero. Al no pagarse las deudas, un Juzgado de Primera Instancia de Oviedo activó el procedimiento de ejecución hipotecaria, resultando que en la subasta el bien se lo consiguió adjudicar la sociedad denominada Joyful Partners Lunch, por 92.402 euros. A la Fiscalía se le encendieron todas las alarmas al ver que el piso había escapado así del control de la Audiencia y por un precio que considera muy por debajo del mercado, por eso pidió los datos de la empresa beneficiaria.

Resulta que Joyful tiene como administrador único a José Antonio Renedo, hermano de la condenada. La sociedad está domiciliada en el bufete desde el que presta sus servicios como letrado y la fiscalía sospecha que es otra tapadera, sin actividad ni plantilla. De ahí que haya interesado investigar los pasos de Marta Renedo, una vez más.

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