Martes, 6 de noviembre 2018, 04:12
En la memoria que detalla los casos más importantes que tuvo en 2017, el fiscal de Medio Ambiente recuerda dos investigaciones que abrió por las emisiones realizadas por «una de las principales industrias multinacionales radicadas en Asturias».
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La importancia de ambas radicó «no tanto en su resultado final, pues ambas fueron objeto de archivo, como en la propia instrucción, pues en la misma se pudo comprobar los escasísimos recursos en términos, al menos de personal (de hecho esa instalación no contaba con ningún inspector) asignado por la Consejería en labores de inspección ambiental», refleja. Esa falta de plantilla «sin duda afecta tanto al control preventivo como a la recopilación inmediata de fuentes de prueba», lamenta.
La queja llevan años formulándola ecologistas y oposición, y es reconocida en la propia administración. Hasta este año el Servicio de Calidad Ambiental tenía 20 empleados, de los que 13 son técnicos superiores, medios o guardias facultados para realizar inspecciones. Se trata de una plantilla desbordada, que solo entre 2013 y 2016 abrió 727 expedientes de investigación. Para reforzarla la consejería tenía previsto incorporar este curso a tres refuerzos.
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