El fiscal asume el mando de la investigación de los 96 incendios sufridos por 41 concejos

La tarea por delante es ingente. El Principado hizo ayer el primer balance. Desde que el viernes a las 13.01 horas activara el Plan de Incendios (Infopa) hasta que el martes a las 12.52 lo dejara en situación de vigilancia, se contabilizaron 95 fuegos en 40 concejos. «De ellos 49 son incendios propiamente dichos y 46 tienen la consideración de conato», matizó el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez. A la suma hay que agregarle la catástrofe de Fuentes de Vega (Degaña), uno de los peores frentes, donde la madera comenzó a calcinarse ya el miércoles pasado. Para resaltar la «gravedad» del episodio, el consejero recordó que en esta ocasión fue necesario activar el plan contra incendios en su nivel 2, mientras que a finales de 2015, con más de 200 focos, no se pasó del 1.

El 112 atendió 15.045 llamadas, «el 30% el lunes», una jornada que comenzó sin amanecer y cielos anaranjados. «A pesar de la gravedad, no tenemos que lamentar víctimas personales, solo un herido leve por quemaduras en las manos por sofocar las llamas en su propiedad, y no hemos detectado un aumento de la atención a personas por crisis respiratorias», completó el consejero de Presidencia. Eso sí, cincuenta personas fueron desalojadas de sus viviendas, hubo cortes en dos carreteras y se han perdido dos casas, un garaje y una escuela, todo en desuso.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha duda en culpar al «terrorismo incendiario» de la plaga, un tono que el portavoz del Principado evitó utilizar. Eso sí, Martínez admitió que «no parece que se hayan producido por causas naturales al no tener constancia de rayos, tormentas o líneas eléctricas implicadas». El portavoz del Principado recordó que desatar incendios «es una acción criminal fuertemente castigada» y que en los dos últimos años ha supuesto la condena de 29 personas.

«Hay que diferenciar entre la persona incendiaria y la pirómana» porque esta última «no tiene control de sus impulsos», consideró el teniente Luis Fernando Solanas, de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). El oficial lamenta que la lluvia borre «algunas de las huellas o de las claves que después hay que interpretar». En declaraciones a Europa Press, recordó que «en el monte no hay testigos, el monte no nos habla y cuando conseguimos llegar a la escena del crimen, ésta se encuentra carbonizada». El primer paso de sus agentes será revisar las estadísticas para identificar «si se ha seguido un patrón y pauta» en cada monte; después toca inspección ocular para descifrar dónde empezó todo y si en el lugar quedan acelerantes.

La Fiscalía supervisará esa tarea y otra más. Al Principado le ha pedido que detalle los medios usados en la extinción y «actualice la información remitida el año pasado en relación con los protocolos existentes en materia de prevención de incendios». En su memoria anual, el Ministerio Público ya dejó escrito que aquel chequeo evidenció que la comunidad «carece de un protocolo integral en materia de prevención de incendios».