Pese a que el gran pistoletazo de salida al proyecto del Área Central Metropolitana tuvo lugar el pasado 13 de febrero, cuando el Consejo de Gobierno autorizó la celebración de un convenio marco de colaboración entre el Principado, los Ayuntamientos de Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo para su desarrollo institucional, hoy ese acuerdo se ha puesto en negro sobre blanco.
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El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, acudió al palacio del Marques de Santa Cruz de la Pola junto con el alcalde de Siero, Ángel García; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez; y el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez para formalizar el primer paso del proyecto.
Lastra destacó tras la rúbrica que «aquí empieza el futuro». «En principio estamos los que hemos decidido voluntariamente estar», recalcó. El consejero de Infraestructuras apuntó que con la firma se apuntalan las bases de un proyecto «sin que el proceso electoral» u otras cuestiones tengan por qué alterar las siguientes fases de su desarrollo.
«El Principado está porque quiere estar y el Gobierno de España, a través de sus estructuras de representación en las comunidades autónomas también estará», añadió. Destacó que los siguientes pasos en el proceso serán la elaboración de unos estatutos, la definición del ámbito de participación y la creación de la conferencia metropolitana.
Cuestionado acerca de la posibilidad de que el Principado pudiera tener un menor peso en la gestión del Área Metropolitana, Lastra aseveró que «la fórmula del artículo 43 de la ley de bases aquí no funciona. Estamos en otro escenario en el que participa y quiere participar el Principado».
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Con este convenio se coordinará la planificación y ordenación estratégica en los ámbitos territoriales y sectoriales que se consideren prioritarios. El documento propone la creación de una conferencia metropolitana, como órgano de debate y decisión, formado por el Gobierno, los Ayuntamientos, la Administración General del Estado y una representación de los municipios de oriente y occidente, a través de la Federación Asturiana de Concejos.
También recoge el compromiso de constituir un comité técnico y un consejo estratégico como ámbitos de asesoramiento y participación de los agentes sociales públicos y privados.
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