Vuelco en el Ministerio de Transportes para evitar un nuevo fiasco ferroviario como el de Asturias

EL COMERCIO adelantó en diciembre el resultado de unos informes internos que confirmaron punto por punto las informaciones publicadas por este periódico hace ahora un año destapando el escándalo. Una de las sorpresas de la auditoría es constatar que 54 días antes de firmar el contrato el adjudicatario, CAF, recibió por parte de Adif una serie de datos sobre las dimensiones reales de los túneles, información que no compartió con Renfe. En base a ello los auditores consideran que hubo una ocultación de información clave e instan a Renfe a tomar medidas contra CAF. Seguir esa vía expondría al contrato a un conflicto judicial con múltiples aristas. Según los datos de la auditoría Renfe supo un año después que CAF conocía esa información y eludió tomar medida alguna contra el fabricante vasco, priorizando buscar una solución al diseño y dejando así pasar un tiempo que puede mermar las opciones de reclamación.

Otra de las indagaciones apunta a que, para desbloquear el problema de diseño, se optó por aplicar el método comparativo de una manera que implica que los trenes tendrán menos plazas de las inicialmente encargadas. En vez de las 241 esperadas, tendrán 17 menos, un sacrificio del 7% que entra dentro de un rango que no obliga a rehacer el contrato.

El informe corrobora también que durante la gestión del contrato, así como en los gabinetes de crisis posteriores, no se pidió la ayuda a los profesionales de Renfe que mejor conocen las peculiaridades de la red de ancho métrico, una gestión del talento propio que los auditores ponen en cuestión.

La segunda parte de la auditoría, entregada en diciembre, se centra en desarrollar una de las recomendaciones que el primer informe dirige al ministerio, consistente en reforzar la coordinación del sector ferroviario.