Las familias de los fallecidos en el Pozo Emilio recibirán tres millones de indemnización

Casi diez años después el juicio de la Hullera Vasco Leonesa por la muerte de seis mineros (entre ellos, el asturiano José Luis Arias y Orlando González, afincado en Lena) en el Pozo Emilio del Valle el día 28 de octubre de 2013 supera su octava sesión y cierra esta semana con la novena. Una herida que aún tiene mucho dentro y no puede cerrar, pero que parece será más ligera tras un acuerdo con la aseguradora principal.

Mapfre trabaja en un acuerdo millonario con los heridos y las familias de los fallecidos para zanjar la parte social del proceso antes de que se llegue a dictar sentencia.

La aseguradora se compromete a hacerse cargo de las indemnizaciones de los 16 acusados, por lo que el proceso judicial seguiría por la vía penal para fijar la responsabilidad de los mismo ante un delito contra la seguridad y la higiene en el trabajo por imprudencia, pero dejando fuera la responsabilidad civil.

Mapfre está cerrando un acuerdo que llegaría a los tres millones de euros. Se trata de un millón más que lo que pedía el Ministerio Fiscal -reclamaba 2.056.000- por la muerte de los mineros del Pozo Emilio, así como la responsabilidad ante los heridos en el accidente del 28 de octubre de 2013.

En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se marcan un total de 21 indemnizaciones que van desde los 15.000 euros para los padres de algunos de los fallecidos, hasta los 272.500 euros para uno de los lesionados.

De este modo, las familias recibiría un millón más del pactado en las indemnizaciones, pero perderían los intereses judiciales por estos diez años de espera. Aunque teniendo en cuenta que la Hullera Vasco Leonesa entró en 2015 en concurso de acreedores y dada la situación, tanto económica como de pólizas de seguros (no todos disponen de ella), de alguno de los acusados en el proceso es más seguro que el dinero llegue a las familias a través del acuerdo.

Dentro de las indemnizaciones propuestas, el Ministerio Fiscal otorga 175.000 euros a cada cónyuge de fallecido, 75.000 euros a cada hijo o hija y una media de 76.000 euros a los afectados por los rescates de sus compañeros. En este último caso, con dos excepciones de dos trabajadores cuyas secuelas han sido más graves que llegan a los 106.000 euros y 272.500 euros de indemnización.