La falta de psicólogos obliga a juzgar casos de maltrato sin informes de los expertos

Los jueces asturianos son de los más rápidos en resolver pleitos, pero lidian «con una carencia de medios que se hace cada vez más endémica y precisa de soluciones urgentes». Así lo denunció Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en la presentación de la memoria que resume lo más importante de cuanto sucedió en los juzgados el pasado año. Más allá de la estadística, su análisis reveló una suma de deficiencias conocidas y otras nuevas.

En materia de personal, por ejemplo, Chamorro manifestó que los jueces han dado con un sistema que permite la rápida sustitución de compañeros cuando caen de enfermedad, algo frecuente con la pandemia. No cabe decir lo mismo del resto de la plantilla: «Tenemos un problema con la estabilidad de los funcionarios de los grupos de gestión procesal», explicó. «Se manda a los juzgados a trabajar a personal sin cualificación necesaria porque no han trabajado en órganos judiciales y lo que es más grave, sin la formación necesaria». El aterrizaje de esos novatos ocasiona retrasos y se reproduce también cuando el que enferma es un letrado de la Administración de justicia.

Otro foco de problemas que inquieta a los jueces atañe a los equipos de valoración psicosocial, esto es, trabajadores sociales y psicólogos que el Principado pone al servicio de los juzgados. Estos especialistas deben emitir informes de valoración tras entrevistarse con víctimas de malos tratos, menores que han sufrido abusos, personas con las capacidades alteradas y asuntos «especialmente vulnerables». Sobre el papel, estas periciales de unos expertos ajenos a las partes en conflicto deberían ayudar al juez a dictar sentencia y medidas cautelares, sin embargo la realidad va por otro lado.

«Sigue habiendo un retraso importante, en octubre la Sección Séptima de Gijón tenía 36 asuntos pendientes de informar por los equipos psicosociales y en abril solo había bajado a 30», puso como ejemplo. «Es necesario más equipos y que su rendimiento sea mayor», instó. «Hablamos de cuestiones muy sensibles, asuntos de familia, menores, que afectan a personas con capacidades disminuidas, abusos... son cuestiones que exigen que la Justicia no se retrase y ya tenemos órganos judiciales que obvian pedir ese informe para no retrasar un año o año y medio la resolución del procedimiento», aseguró.

Además de problemas de personal, el servicio de Justicia se las ve con problemas técnicos, como ocurrió recientemente en los registros civiles y los juzgados de paz. La actualización de un programa el 12 y 13 de marzo ocasionó un problema en cadena en todo el país, dado que la nueva versión no era soportada por los equipos informáticos, lo que derivó en que no se pudieran emitir expediciones de defunción, matrimonio y nacimiento.

«Hemos avanzando pero sigue habiendo problemas, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no trabaja con expediente digital», identificó el presidente del TSJA. Los jueces cuentan ya con portátiles pero «los funcionarios están con equipos de más de 12 años de antigüedad y seguimos con problemas de compatibilidad para hacer videoconferencias con otras comunidades», algo que perjudica a los juicios con testigos y peritos fuera de Asturias.

Pese a estas dificultades, los 154 jueces de la región recuperaron brío y resolvieron más asuntos de los que les entraron en 2021. «No comparto la imagen de que la justicia sea lenta», subrayó Chamorro. «Según las encuestas que hace el Poder Judicial, esa impresión disminuye cuando el encuestado ha sido usuario de la administración de Justicia», dijo. Con todo, solicita la creación de dos nuevos nuevo juzgados de Primera Instancia en Oviedo y otro más en Gijón para aliviar la carga de trabajo.