Fade reclama que la ley contra la burocracia «no quede en un parche»

«Estamos ante un anteproyecto del ley que es un primer paso hacia una Administración más eficiente», consideró Belarmino Feito, presidente de la Federación asturiana de empresarios (Fade). «Si el tejido productivo debe sufrir una transformación, la administración pública también debe asumir este proceso para agilizar los trámites, eliminar barreras, y afrontar una gestión más eficaz y que suponga menos gasto», indicó. «Hay que seguir profundizando en este proceso de modernización y que este primer avance no se quede en un mero parche», advirtió Feito.

La iniciativa también es aplaudida en la Federación asturiana de concejos (Facc). Su presidenta, la socialista Cecilia Pérez, entiende que «los objetivos que plantea responden a una reivindicación de los Ayuntamientos, que venimos reclamando que se aligere la burocracia y las trabas administrativas que actualmente soportamos las Entidades Locales y también la ciudadanía». Según recuerda, esa urgencia por eliminar papeleo fue también demandada ante la Consejería de Cohesión Territorial de cara a la ley de ordenación integral que está madurando.

Javier Junceda, abogado y profesor de derecho administrativo, encuentra luces y sombras en el detalle del texto. «Aplaudo el efecto del silencio positivo de las licencias urbanísticas, si bien el plazo de tres meses me parece que deja poco espacio a la respuesta municipal expresa», indica. «En ayuntamientos grandes como Gijón puede resultar complicado dar respuesta en tan poco tiempo, con el riesgo de que el promotor inicie la actuación, luego alguien le denuncie y si es verdad que estaba contraviniendo la norma, el ayuntamiento pueda resultar condenado a pagar la fiesta», reflexiona.

Sin tener la garantía de que todo lo que se avanza está en regla «se produce cierta inseguridad jurídica, hay riesgos», valora. Los cambios en la norma ambiental los ve «justificados» y las que atañen a Patrimonio «van a depender del grado de detalle y ambición que se ponga en los documentos de criterios básicos», que deben ser validados por la comisión y son los que determinarán las actuaciones que se pueden hacer sin licencia.