Fade ve una «oportunidad perdida» e insta a «abrir el servicio a la competencia»

Alejandro Monjardín, presidente de Cesintra, dijo que «los asturianos seguirán teniendo peores servicios y los transportistas, que ir a pasar inspecciones a otras comunidades autónomas» e instó a abrir el servicio «a la competencia». Rubén Castro, presidente de la Unión Empresarial de Autoescuelas de Asturias, añadió que son «los mismos usuarios y empresas privadas que han soportado la huelga y cargado con los costes de desplazarse a otras comunidades para recibir el servicio quienes vamos a tener que cargar con los sobrecostes que conlleva el acuerdo ofertado desde el Gobierno».

Por su lado, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, afeó la tardanza en lograr una solución «cuando lo que se ha hecho es ceder en todo». Además, explicitó su «profunda preocupación por la actuación del Gobierno bipartito de Barbón, que acaba de rechazar en la Junta General la propuesta del PP para tener un sistema mixto de ITV», con el que no trataba de «solucionar la huelga de hoy, era para evitar la huelga de mañana, y aunque ahora hayamos pasado este problema con los trabajadores, seguimos desnudos ante cualquier posible nueva huelga, y volveremos entonces a encontrarnos en esta situación», pronosticó.

Queipo explicó que el PP pretendía abrir el mercado para que empresas que cumplan todos los controles del Principado pudieran hacer el servicio junto a la pública ITVASA. «Creemos que es la mejor solución, flexible, atractiva, competitiva y que funciona bien en todas las comunidades vecinas, Galicia, Castilla y León y Cantabria».

Desde Vox, Gonzalo Centeno cargó contra la consejera responsable directa de ITVASA, Nieves Roqueñí: «Se nombra consejera de Industria a una persona para que aporte conocimientos técnicos –aunque toda su experiencia se reduzca al ámbito universitario–, y a las primeras de cambio se la desautoriza totalmente quitándola de en medio, a ella y a su viceconsejero, para que en 48 horas dos técnicos en nada, salvo en puro socialismo, solucionen el problema a lo Sánchez, es decir, desdiciéndose y sometiéndose en las peticiones sustanciales de la plantilla», criticó. Y puntualizó que esto se hace «siguiendo con el monopolio público en la Inspección Técnica».

Y el secretario general de Foro, Adrián Pumares, lamentó que «el Gobierno de Barbón ha esperado más de tres meses y a que haya más de 33.000 asturianos con la ITV caducada o habiendo tenido que pasarla fuera del Principado para tomarse en serio este problema». Por ello, afeó a Barbón «haber mirado para otro lado hasta ahora, mientras los asturianos se ven obligados a no poder circular o a hacerlo sin ITV».

También desde el Grupo Mixto, Covadonga Tomé dijo que el Principado «debería haberse esforzado antes en llegar a un acuerdo», y que a los trabajadores «se les ha puesto en el punto de mira de la sociedad por ejercer su derecho a huelga, con justas reivindicaciones –como la demandada contratación de más personal–, y se les ha intentado culpar de unas listas de espera que ya existían mucho antes de que se iniciase esta huelga».

En las estaciones de ITV se votó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno (Llamedo, Zapico) y el comité de huelga, registrándose una mayoría (63%) favorable a la vuelta a la normalización de la actividad laboral. Sólo en las estaciones de Avilés, Llanera y Tremañes (Gijón) hubo más votos a favor de continuar la huelga. Se desatasca de esta forma un conflicto que se había enconado tras los sucesivos desencuentros entre los responsables de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico y los trabajadores.

Restan por solventar algunas cuestiones, como la negociación de las categorías laborales, que estaba pendiente de un estudio pedido hace un año y que, por casualidades de la vida, la semana que viene ya estará, por fin, finalizado. El único asunto que no se pudo consensuar es el plus por antigüedad. El Principado se negó a aceptar los planteamientos de los trabajadores, así que queda pospuesto para futuras negociaciones o potenciales conflictos. ¿Qué balance se puede hacer del proceso vivido?

La intervención de Llamedo y Zapico produjo alivio, porque era urgente parar la huelga. Ahora bien, ya hubo en esta empresa otros acuerdos que, por falta de solidez, hicieron de llave para nuevas huelgas. La vicepresidenta y el consejero de Ordenación de Territorio sellaron una vía de agua, pero se mantienen intactas las coordenadas que definen el conflicto. El Principado tiene que entender que un servicio de gran demanda, como es el de las ITV (más de 700.000 vehículos en la región), donde se expide una valoración obligatoria para circular, si está concentrado en una sola empresa pública tenderá a la larga a tener un funcionamiento con muchas holguras para los trabajadores, porque tienen capacidad de presión para imponerlo. Si el Gobierno regional está preocupado por la productividad de la empresa (es la primera vez que veo al Principado midiendo la productividad en uno de sus entes), la única solución es introducir competencia en el sector. No es cuestión de que haya buenos o malos trabajadores, diligentes o indolentes, es el juego de fuerzas del mercado, tan real como los vectores fuerza de la Física. Por eso tiene razón la Fade cuando dice que no estamos ante la solución definitiva y que no se entró en el fondo del problema. Se realizó una cura de urgencia y punto. A ver cuándo se empieza a aplicar el plan de choque, porque entre la incompetencia y los desencuentros quedaron 33.000 ciudadanos formando cola a las puertas de las estaciones.