El Principado, obligado a devolver seis millones por las facturas 'infladas' del ERA

Así consta en las diferentes memorias del ERA detalladas en las Cuentas Generales del Principado. En 2017, el organismo autónomo inició el año libre de deudas a los familiares, para pasar a reconocer durante el ejercicio un montante total de 319.613,18 euros a devolver. Acabó el año con 418 euros pendientes de pago.

Fue ese mismo año cuando la entonces consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, reconoció que había habido «desajustes» en la aplicación de la Ley de la Dependencia entre 2007 y 2011. Tal y como adelantó EL COMERCIO, todo comenzó en 2015 cuando familiares de personas que habían utilizado una plaza geriátrica pública, pero ya habían fallecido, comenzaron a recibir facturas con elevadas cuantías a pagar.

Unas reclamaciones de deuda que llegaban casi cinco años después de la muerte del usuario y en las que el ERA no incluía los aportes ya realizados por el residente, sobre todo los relativos a las ayudas de la Ley de la Dependencia a que tenía derecho por su falta de autonomía personal. Muchas familias recibieron facturas con hasta 90.000 euros de deuda reclamada. Centenares renunciaron a la herencia al no poder pagar lo pedido.

La presión mediática y política llevó a dar muchas explicaciones en el Parlamento asturiano a Varela, aunque en la etapa analizada ella no tuvo ningún cargo de responsabilidad en el Principado. Entre 2007 y 2011 solo dos personas ocuparon la Presidencia del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces (hasta 2011) y el fundador de Foro Francisco Álvarez-Cascos (hasta 2012).

Sin embargo, la Consejería de Derechos Sociales (llamada también de Servicios Sociales, de Bienestar, de Vivienda...) llegó a tener hasta cinco titulares: Laura González (IU), Pilar Rodríguez (PSOE), Teresa Ordiz (PSOE), Noemí Martín (IU) y Paloma Menéndez (Foro).

La Plataforma de Afectados por el ERA, que llegó a integrar a 300 familias, apoyada por todos los grupos de la oposición, hizo que el PSOE se sumara a aprobar, en 2018, la ley que obligaba a la suspensión de las liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del ERA. Tenían los afectados, 2.338 familias, hasta 2020 para acogerse a ella,

Y así, en las Cuentas Generales del Principado aparecen los apuntes de reconocimiento de deuda en los ejercicios siguientes. En 2018, que arrancó con 418 euros solo en el debe, el Principado llegó a reconocer 2.788.743 euros mal cobrados. En 2019, la cifra llegó al máximo anual: 2.788.743 euros reconocidos. En 2020 se adeudaban a las familias 812.144 euros y, finalmente, el año pasado se reconocieron 159.496 euros mal cobrados.

En total, 5.669.404 euros de los que, a 1 de enero, el Principado solo tenía pendientes de pago 8.667. En la memoria del ERA de 2020, la actual gerente, Ana Suárez Guerra, reconocía que «los expedientes que pudieron acogerse a esta ley se concluyeron en el año 2020, quedando sólo pendientes de cierre aquellos que plantearon recurso o reclamación».

Porque no fue hasta esta legislatura en la que las memorias del ERA recoge, con transparencia, los expedientes abiertos por usuarios que discrepan de la factura recibida. En 2019, la red pública revisó 1.445 expedientes, de los que resultaron a favor del demandante 165. En 2020 fueron 1.917 las familias que cuestionaron la factura y se le dio la razón a 284. El año pasado, 118 de las 1.182 casos presentados tuvieron derecho a devolución.

Ana Suárez Guerra lo deja claro en el documento: en la sección de Ingresos se ha llevado a cabo un trabajo importante en relación a la revisión de la participación económica en la totalidad de servicios prestados en el Organismo. Se revisaron un total de 1182 expedientes, de los que el 10 % fueron expedientes de devolución de ingresos indebidos. Con todo, en relación con anteriores ejercicios, los plazos de tramitación de los expedientes ya que los expedientes de liquidación son notificados dentro de los dos meses siguientes a la finalización del servicio y los certificados se contestan en un plazo máximo de cinco días hábiles.