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Incendio en la plantona de Cogersa el pasado mes de abril. Damián Arienza

Los expertos avisan: estar sin póliza «supone un riesgo significativo» para el patrimonio público

En el sector industrial contar con seguro de daños «es una práctica casi estándar, aunque no sea obligatoria»

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 12 de octubre 2024, 02:00

Hasta ahora se puso el foco en que Cogersa carecía de seguro para la 'plantona' porque no estaba del todo recepcionada y que para el resto había un seguro de responsabilidad civil. María Luisa Muñoz Paredes, profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de ... Oviedo y parte de la Autoridad Europea de Seguros, aclara que el de responsabilidad civil «cubre los daños a terceros, no los propios». Financiaría la reparación de una industria vecina de Cogersa si un incendio del consorcio le afecta.

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El seguro industrial multirriesgo «es el que se contrata normalmente, porque con una sola póliza se cubren múltiples riesgos que afectan a un mismo bien, como el incendio, la inundación y los daños propios», detalla. Según los últimos datos de la patronal Unespa, de 2022, en España hay 785.927 empresas cubiertas con un seguro multirriesgo industrial; fueron 1.105 los millones desembolsados ese ejercicio por las compañías para atender 319.600 siniestros.

María del Mar Iglesias, presidenta de la Asociación Empresarial de Corredores y Corredurías de Seguros de Asturias (Asecospa), sostiene que la ausencia de esta cobertura «deja a la empresa desprotegida frente a daños que puedan afectar a sus instalaciones, equipos y productos. Esto supone un riesgo significativo para su patrimonio». En el sector industrial tener dicho seguro «es una práctica casi estándar aunque no sea obligatorio».

Iglesias recuerda que la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas impone la obligación a los directivos de las empresas públicas «de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad de sus instalaciones. La falta de cobertura de seguro podría interpretarse como una falta de diligencia en la protección del patrimonio, lo que podría derivar en una responsabilidad administrativa».

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