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MIRIAM SUÁREZ
GIJÓN.
Viernes, 14 de mayo 2021, 01:05
El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo ha condenado al exgerente de Sogepsa, José María Quirós, a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Se le acusa de haber adjudicado hasta doce contratos a dedo, esto es, sin sometimiento ... a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación que contempla la Ley de Contratos del Sector Público.
El control de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, aun estando participada por empresas del sector de la construcción, corresponde al Principado y a los ayuntamientos de los principales municipios asturianos. Quirós fue nombrado gerente de la entidad en octubre de 2005. Durante los seis años siguientes, realizó de forma irregular al menos doce contratos, por un valor total de 806.000 euros.
Así consta en la sentencia, que da por probado que «hay una continuidad en el tiempo de la entiad Accenture, a través de dos empresas del mismo grupo, en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos de Sogepsa sin que haya constancia de publicidad y concurrencia en la adjudicación». Y el juzgado de lo Penal, que da a José Quirós tratamiento de funcionario público por la naturaleza de la sociedad mixta, le acusa de «haber ejecutado los hechos material, directa y voluntariamente».
Durante el juicio, el exgerente de Sogepsa alegó en su defensa que cualquier contrato pasaba los filtros de los servicios jurídicos de la entidad. Pero su testimonio no convenció ni al ministerio fiscal ni a la magistrada María Elena González. De hecho, entre las pruebas, existe un informe de quien dirigía los servicios jurídicos de Sogepsa en el momento de los hechos, Rafael González del Santo, advertía de la repercusión que la nueva legislación en materia de contratación pública tenía en la actividad contractual de la sociedad mixta.
El calvario judicial de José María Quirós no termina aquí. Todavía tiene pendiente de resolución un segundo juicio, también por un presunto delito de prevaricación, aunque en esta ocasión por contratos directos a un despacho de abogados.
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