«Queremos morir con libertad»

Cuando Rosa Riopedre suplicó entre lágrimas que ayudaran su marido a morir, en un hospital gijonés la miraron «como si estuviera loca». «Mi marido estaba terminal, consciente y retorciéndose de dolores, y nos costó muchísimo que alguien le ayudara a morir porque dimos con un médico que no estaba por la labor. Él mismo lo pedía, yo lo pedía, mis dos hijos lo pedían. Los cuatro lo pedíamos llorando, pero nadie nos hacía caso». Así que, cuando el marido de Rosa finalmente falleció, a ella y a sus dos hijos les quedaron la impotencia y la determinación de luchar «para que nadie tenga que dejar esta vida como un perro».

Hoy, Rosa Riopedre (agricultora de Boal afincada en Gijón, 61 años) es uno de los 183 miembros en Asturias a Derecho a Morir Dignamente, la asociación que, con el nombre del fallecido Luis Montes como enseña, abandera la batalla para que «todo el mundo disponga de su propia vida hasta el final» y «nadie tenga que enfrentarse a seis años de cárcel por prestar auxilio a quien opte por la eutanasia». Un derecho que, en España, está más cerca que nunca de conseguirse, porque el PSOE acaba de registrar en el Congreso una proposición de ley que la regula como un nuevo derecho individual, de forma que se convertiría en una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

«En nuestro país, muchas personas están sufriendo y en muchas ocasiones ese sufrimiento y dolor les resulta insoportable. Es una realidad. Existe una sensibilización de la sociedad española que opina que hay que regular esta situación», defiende la secretaria de Sanidad socialista, la asturiana María Luisa Carcedo. «Lo que pretendemos regular es el derecho a solicitar y recibir ayuda para finalizar ese sufrimiento. Y hacerlo en unas condiciones que sean garantistas, rigurosas, con un procedimiento que sea ordenado y sistemático. El Estado no puede mirar para otro lado. El marco constitucional español permite que se pueda dar un paso más».

Es la primera vez en su historia que los socialistas se atreven a llegar tan lejos, virando su rumbo. Y, de hecho, hace quince meses, cuando Unidos Podemos presentó una propuesta en el Congreso al respecto –recuerda Gaspar Llamazares, portavoz de IU en la Junta General–, el PSOE no la apoyó.

Ahora, la propuesta de modificación del Código Penal para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido se encuentra con la abstención de Ciudadanos y la oposición frontal del PP, que alega que «nadie se quiere morir» que «los cuidados paliativos son la respuesta de la medicina» en estas situaciones y que «la eutanasia va contra ser médico», en palabras de la representante popular en el Congreso Pilar Cortés. Mientras que la posición de Ciudadanos responde a «un escalón temporal», aclara el parlamentario autonómico Armando Fernández Bartolomé:«Entendemos que despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido sin tener antes una ley de muerte digna supondría colocar a pacientes y profesionales en una situación de inseguridad jurídica». Y eso, a pesar de que la norma impulsada por los socialistas limita esta posibilidad a mayores de edad con una enfermedad grave e incurable –que les produzca sufrimientos físicos o psíquicos insoportables– y a los discapacitados graves crónicos.

«Es una ley muy interesante porque, por vez primera, se plantea la despenalización de la eutanasia», explica el psicólogo hoy jubilado Javier Rodríguez, presidente de DMD en Asturias. «Un primer paso importante –apunta– que, sin embargo, tiene sombras como esas dos limitaciones o como que contemple que el procedimiento para lograr el suministro de una sustancia que acabe con la vida del paciente requiera de la concurrencia de dos médicos que valoren el caso». Uno, el que atienda habitualmente al paciente (normalmente, en cuidados paliativos), y el segundo, uno externo que avale que se cumplen las condiciones de sufrimiento insoportable. Y, si los médicos no dan la razón al afectado, una comisión autonómica deberá revisar el caso. «Así que, de nuevo, estaremos a merced de quien nos toque en suerte», critica la cara más visible de DMDen la región, que parte de la base de que «la dignidad es algo inherente al ser humano, así que de lo que se trata es de morir con libertad, de que nadie disponga de nosotros en los momentos finales».

Y es que, como asegura Javier Galán, «aunque con frecuencia se asocia la eutanasia con el sufrimiento, no siempre es así. Simplemente, hay personas que deciden que su vida llega hasta ahí, que ya no quieren seguir». Y recuerda al científico australiano David Goodall, que, a sus 104 años, inició un viaje sin retorno que lo llevó a Suiza, donde se sometió a una eutanasia a pesar de no padecer enfermedad terminal.

Galán, pedagogo gijonés de 48 años, decidió tomar cartas en el asunto de su propio final tras ver partir a su padre. «Él, que renunció a la quimio y la radio, siempre decía que quería morir en casa, rodeado de los suyos y sin dolor. Pues yo quiero lo mismo, pero, además, quiero decidir cuándo». Algo, añade, que «no tiene nada que ver con el hecho de que recibas unos buenos cuidados paliativos. Son cosas que se confunden a propósito. Claro que queremos paliativos universales y de calidad, pero, además, queremos morir cómo y cuándo nosotros decidamos».

También «libertad» es la palabra que más repite Ana Rodríguez, otra de las socias de DMD y auxiliar de enfermería con años de servicio a sus espaldas en una unidad hospitalaria, que cuenta que, por su profesión, ha visto de todo:«He visto morir bien y mal, dependiendo de qué equipo sanitario le tocaba en suerte al paciente. Y, como yo me he pasado la vida luchando por la libertad, entiendo que este es un derecho que hay que conquistar como se hizo con otros como el aborto».

Pero ocurre, con frecuencia, que «el paternalismo de la clase médica» se suma al «tabú que todavía rodea al hecho de morir», abunda el presidente de DMD Asturias, la quinta comunidad con un mayor porcentaje de testamentos vitales por número de habitantes. Un documento que cada año suscriben entre 800 y 900 asturianos con instrucciones previas en las que la persona puede expresar su voluntad en todo lo relacionado con los tratamientos y los cuidados que desea se le administren, en el caso de no poder manifestarlo uno mismo.

Las demandas de DMD chocan, de nuevo, contra el muro de la Iglesia. Y, así, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha lamentado que la proposición de ley responde a «intereses económicos y «supone una amenaza para la vida de un enfermo». «Los cristianos jamás nos encarnizamos con las personas que lo están pasando mal, las acompañamos con dignidad y respeto», zanjó el prelado, mientras que el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, fue aún más allá, aseverando en Twitter que «es todo un monumento a la insolidaridad y al descarte humano, que promueve un falso derecho y un corredor de la muerte voluntario».

En la misma línea se ha manifestado el diputado nacional de Foro, Isidro Martínez Oblanca, que asegura que «despenalizar la eutanasia no forma parte de las prioridades de la sociedad española» y que « supondría un grave problema médico, social y moral que afecta al derecho a la vida».

Y, mientras que en Madrid se abre la puerta a la eutanasia, el Principado ultima su norma sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida, más conocida como ley de muerte digna, un proyecto similar al que ya tienen nueve comunidades, que mañana llegará a la Comisión de Sanidad de la Junta y en la que no se contempla la posibilidad de provocar intencionadamente el fallecimiento de una persona.

Así lo dejó claro el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, quien, ante la insistencia de que se cree un registro que recopile los casos de las personas partidarias de recibir eutanasia o suicidio asistido por parte de Podemos, advirtió de que no es competencia de una comunidad legislar sobre una cuestión que requiere la modificación del Código Penal.

Del Busto ha calificado la nueva norma como una «herramienta valiente» que pretende despejar inseguridad jurídica, incrementar la cobertura de los cuidados paliativos y mejorar el trabajo en red de los profesionales. Un proyecto que regula «derechos generales» y que la diputada socialista Carmen Eva Pérez confía en que salga adelante «con el apoyo de los seis grupos de la Cámara, lo que sería un enorme éxito».

Avalan su esperanza las cifras de Metroscopia de marzo de 2017, que reflejan que el 84% de los españoles está a favor de una regulación de la eutanasia (un 66% de apoyo entre los votantes del PP). El CIS, por su parte, no consulta sobre este asunto desde 2009. Pero, entonces, el 80,5% estaba seguro o casi seguro de que está bien que los médicos pongan fin a la vida de una persona en fase terminal con grandes sufrimientos si así lo pide el afectado.

El debate está servido, aunque, «a la hora de la verdad, son pocos los que piden eutanasia», cuenta la médica Carmen Valdés, que, junto a la enfermera Puri Vallina, conforma uno de los dos equipos de cuidados paliativos del área sanitaria V, la correspondiente a Gijón, a los que se suma una unidad de hospitalización a domicilio, «el mejor sitio para fallecer siempre que los síntomas estén controlados y haya apoyo familiar. Si no, es imposible».

Dos mujeres que, desde 2000, han ayudado a morir a más de un millar de gijoneses. «Incluso hay quien pide la eutanasia y, a los dos días, te pregunta que si no le vas a hacer análisis», explica Valdés, que reconoce que lo que más le agobia es «recibir tres llamadas a la vez y no poder ir a los tres sitios».

La carga de trabajo, por momentos, se vuelve asfixiante. Esta mañana sale de asistir a «una chica que agoniza». Son los casos que más le duelen: «A veces, no podía evitar pensar que aquel adolescente que se estaba muriendo podía ser uno de mis hijos. Son muy duros. Esos y aquellos otros en los que ves cómo se mueren padres y madres jóvenes que luchan con todas sus fuerzas por aferrarse a la vida».

Con toda su experiencia como aval, Carmen Valdés defiende «la importancia de dejar claras las voluntades anticipadas» y echa de menos la presencia de más personal como «un psicólogo», porque ahora van tirando «de la buena disposición del profesional de la Asociación contra el Cáncer, mientras que el psicólogo del área sanitaria IV, correspondiente a Oviedo, le paga La Caixa». Aunque, con todo, «el trabajo es muy gratificante, por todo el cariño que se recibe de las familias», además de uno de los servicios más valorados por los usuarios del sistema sanitario asturiano.

Y, cuando todo termina, Carmen y Puri escriben una carta a los familiares de la persona fallecida «Les decimos que estamos ahí para lo que necesiten y que para nosotras ha sido un orgullo y una satisfacción haber estado con ellos, además de recordar anécdotas y cosas más personales». Una misiva que casi siempre obtiene respuesta: «Hace poco, una señora nos dijo que era una suerte morirse con nosotras».