«Estamos estudiando gestionar de forma directa las escuelas de cero a tres años»

-Ya tenían un documento cerrado a comienzos de curso. ¿Qué pasó?

-La negociación presupuestaria interfería en esta cuestión y decidimos dejarlo en 'stand by' y retomarlo después con paso decidido. Pero el compromiso con esta red siempre ha sido firme. Entre 2015 y 2018, hemos aumentado su financiación de 8 a 11 millones y ahora, a propósito de la ley de financiación adicional de 2018, ese presupuesto se ha elevado en 2,4 millones, hasta los 13,5. Aparte de para mejorar las ratios y tener dos técnicas por aula, el objetivo fundamental ha sido rebajar las cuotas a las familias a la mitad. Quienes pagaban como máximo 320 euros por jornada completa abonarán 160. Y, en media jornada, 80. No obstante, el 70% de las familias ya están subvencionadas. Eso ha tenido como corolario que, a menor cuota, mayor demanda.

-Sí, se habla de que hay mil niños que se han quedado sin plaza.

-Es imposible saberlo, porque la matrícula se cierra a finales de junio. Lo que les decimos a los ayuntamientos dentro del convenio que tenemos con ellos, y que no va a cambiar el próximo curso, es: «Habiliten edificios y conveniamos». Lo estamos haciendo con Infiesto, Colombres, Oviedo, Gijón, Parres... De momento.

-¿Y después?

-Antes de verano queremos tener definido el modelo de gestión. Y aquí digo tres cosas: queremos saber, y creemos que sí, que la Administración autonómica puede asumir la gestión directa. Seguimos defendiendo que sea una etapa educativa, que busque la conciliación y sea de naturaleza pública. Eso es irrenunciable. La gestión pública podría ir en dos caminos, que es en lo que estamos trabajando fundamentalmente. Por una parte, que la red sea gestionada por nosotros, a través de nuestros órganos generales -es lo que se denomina gestión indiferenciada- o bien por medio de un organismo autónomo, un ente público, como los que ya hay en la Administración autonómica, con su propia configuración de personal, pero no integrado en la Consejería de Educación. Hay otros modelos, como el consorcio, pero lo hemos desechado. Todo esto tiene que ir acompañado de un cronograma, de unos plazos, y la determinación de un instrumento jurídico que le dé cabida. El cauce jurídico es lo que más tiempo nos va a llevar: cómo quedarían las educadoras en ese ente público o si lo gestionamos directamente, si el cuerpo será igual que el de Primaria y Secundaria o jurídicamente va a ser distinto... Querríamos dejarlo enfilado para la siguiente legislatura. La decisión corresponderá al Consejo de Gobierno, una vez consensuado.

-En septiembre decía que no veía hacerse cargo de este ciclo.

-Sí, no lo veía. Después de tantas vueltas y tantos informes, esto es en lo que estamos trabajando. Va a ser relevante porque supondrá un coste importante.

-Hablaba de 20 millones al año para mantenerla y subiendo para ampliar la red.

-En efecto. Pero hay que ir con cautela. Por eso le hablo de establecer un cronograma.

-¿Habrá gratuidad?

-La LOMCE -como la LOE- habla de que el 3-6 años será voluntario y gratuito, pero no dice nada del 0-3. Dice que será voluntario, no gratuito.

-¿En qué cambiaría la situación?

-Las trabajadoras pertenecerían a un ente público y existiría la garantía de ofrecer las escuelas en todos los concejos. Pero la línea en que vamos, de reducir la cuota un 50%, no se va a eliminar. Es una apuesta que camina hacia la gratuidad, pero no tendría por qué serlo en un principio.

-El día 23 serán las oposiciones de Secundaria y FP. 639 plazas (180 de promoción interna) de 27 especialidades. ¿Cuántos aspirantes hay?

-5.450 (4.764 son profesores de Secundaria y 686 técnicos de FP). Con respecto a las últimas, en las que hubo 8.500, hay 3.000 opositores menos. Y esto es fruto de la exigencia de coordinarnos con otras comunidades para evitar el efecto llamada. Lo hemos logrado. Porque no solamente nos hemos puesto de acuerdo las regiones del PSOE, sino once, más Ceuta y Melilla (territorio MEC, dependiente del ministerio). Habrá oposiciones el día 23 en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra, Asturias y el MEC. Y hay cuatro que se han adherido verbalmente. Son Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia.

-¿Qué le pareció la negociación entre ministerio y centrales para rebajar la tasa de interinidad?

-Positiva. Es el camino único para llegar a la estabilización del personal de los centros públicos y aminorar la brutal tasa de interinidad. El objetivo en tres años es bajar al 8% y lo lograremos. Porque el próximo año la convocatoria para Primaria será también la nunca vista.

-¿Tiene datos concretos?

-En la oferta de empleo público que se aprobó en diciembre -fruto de la tasa de reposición (sustituciones por jubilaciones) de 2017 y de la tasa de estabilización para bajar la interinidad-, se recogían 528 plazas. A ellas hay que sumar otras 300 por reposición del curso 2018-2019. Así que para 2019 prevemos una convocatoria de más de 800 puestos en Primaria.

-Los interinos temen despidos masivos con estas «macroconvocatorias». Y piden que quien esté en el sistema se quede en él.

-No va a haber EREs ni nada parecido. El personal interino se contrata año a año, desde el inicio de curso hasta el 31 de agosto. Por tanto, es funcionario interino, no fijo. Y, con vistas al procedimiento selectivo, parte con unas ventajas que no tienen parangón con las de un egresado. Porque la calificación que obtenga de la oposición se suma a la del concurso de méritos, donde se premia la antigüedad. Y, aun no sacando la oposición por no aprobar los exámenes, en la confección de las listas de interinos resultantes siempre estarán en puestos de salida muy por delante de aquellos que no tienen experiencia.

-Dicen que no hay posibilidad de pasar al concurso, que al final en la oposición aprueban el mismo número de opositores que plazas hay.

-No lo comparto.

-Me llama la atención que, siendo tan escrupuloso con el cumplimiento de la ley, la Junta General le pidiera negociar un nuevo acuerdo de interinos y no lo haya hecho.

-El acuerdo firmado con UGT y ANPE en 2014 tiene un aspecto muy positivo: equilibra la experiencia de haber trabajado con las posibilidades de acceso de los nuevos egresados. Me parecía que no era el momento de abrir la negociación tras haber logrado estos puntos. Con otros sindicatos preveo que iba a ser muy difícil el acuerdo. Por no decir que imposible.

-¿Por qué?

-Porque sus pretensiones van en contra de los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en la Administración Pública.

-Aunque se lo pidió la Junta, ¿no se plantea cambiarlo?

-No, es un acuerdo bueno.

-¿No cree que merecen algún tipo de regulación después de que el Tribunal de Justicia Europeo haya reconocido que la concatenación de sus contratos es fraude de ley?

-Ya tienen esa regulación a través del decreto que regula el acceso a la función docente, en el que este año se mejora el reconocimiento a sus servicios prestados. No hay otra vía legal que el concurso oposición.

-¿Es descabellado hacer listas separadas, como en Cantabria?

-Es otro modelo. A mí me parece muy razonable que tras un proceso selectivo se reordenen las listas en función de los resultados derivados de esos principios de igualdad, capacidad y mérito. Lo contrario sería blindar a unos interinos al margen de lo que hagan o sepan.

-Ha planteado la posibilidad de estabilizar al profesorado (funcionario e interino) que ocupa puestos de difícil cobertura, la mayoría en la zona rural. Habló de más puntos a cambio de un compromiso de quedarse cuatro años.

-Hay un gran movimiento entre el profesorado de esos centros (unos 600). El acuerdo de interinos ya recogía la posibilidad de extender estos nombramientos más allá de un curso, lo que permitiría adquirir un mayor compromiso por parte de los docentes y dar estabilidad a la zona. Ahora queremos hacerlo extensivo a otros maestros de la escuela rural. Si lo aplicásemos solo a los veintisiete Centros Rurales Agrupados (CRAs), se verían beneficiados 400 maestros.

-¿Habría mil beneficiarios?

-Sería una cifra aproximada. Pero los puestos que se catalogarían como de difícil desempeño aún no están definidos. Llevaremos una propuesta a la mesa de negociación con los sindicatos en la que puede que gran parte de los actuales se incluyan, aunque no todos necesariamente.

-Hasta ahora, reciben un punto por año. ¿Cuántos les darían?

-Uno al año como mínimo durante los cuatro cursos, pero podrían ir acumulando más o recibir los interinos un complemento económico... Ya le digo que es un planteamiento inicial, que pasa por generar incentivos para quienes ocupen esos puestos con una mínima estabilidad. En este marco, también tengo que adelantarle algo.

-Diga.

-Vamos a crear un Observatorio de la Escuela Rural Asturiana y ya estamos trabajando en su decreto de creación para antes de que acabe la legislatura. Sería un órgano consultivo en el que se pudieran tratar aspectos específicos de la escuela rural asturiana de forma transversal, con propuestas, iniciativas, informes de mejora. Un órgano de apoyo y planificación, en el que estarían la Federación Asturiana de Municipios, las consejerías de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Asuntos Sociales... Sería muy positivo para nosotros y podríamos plantearnos nuevas zonificaciones, por hablar de una hipótesis.

-Esta semana han salido las listas de admitidos y excluidos en los centros. ¿Cambios de unidades?

-Faltan los exámenes de junio y los extraordinarios de septiembre. Hasta entonces, no habrá datos fidedignos. Sí hay previsión de descenso de unidades en tres años y de mantenimiento en Primaria y Secundaria.

-Acaba la prórroga a cuatro centros de la concertada (Fundación Masaveu, La Salle de Ujo, San José de Sotrondio y San Antonio de Langreo).

-Fue excepcional para dar tiempo a los alumnos de sexto de Primaria a buscar otras opciones para primero de la ESO porque no cumplen la ratio de zona. Los dieciséis de La Salle tienen reservada plaza en centros públicos y alguno concertado de la zona. Y el colegio San Antonio pidió él mismo el cierre.

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