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GUILLERMO MAESE
GIJÓN.
Martes, 27 de octubre 2020, 02:24
Se recrudecen las restricciones y también las sanciones para los infractores mientras esté vigente el estado de alarma en el Principado. El cierre de las fronteras en Asturias y de los perímetros urbanos de Gijón, Oviedo y Avilés obliga a justificar más que ... nunca ante las autoridades los desplazamientos por la región. Y a raíz de la gran cantidad de controles policiales que se han realizado durante los últimos días, el cerco a los infractores es cada vez más estrecho. Cada viaje deberá estar debidamente justificado. Si es debido, por ejemplo, al cumplimiento de obligaciones laborales, la empresa deberá facilitar al trabajador un salvoconducto. No obstante, la Federación de Empresarios y las Cámaras de Comercio también han elaborado un documento justificante para trabajadores y autónomos.
Si el desplazamiento no está justificado, el infractor se expone a multas que oscilan entre 601 y 1.500 euros. La sanción menor será si el viaje se realiza de manera individual y sin circunstancias agravantes. El rango mayor de la multa se propondrá si el infractor realiza el viaje acompañado o se está desplazando a su segunda residencia desde un núcleo urbano cerrado o desde otra comunidad autónoma. El próximo fin de semana, durante el puente de Todos los Santos, se incrementará la presencia policial en los concejos con mayor peso en este tipo de viviendas. El objetivo es evitar, como sucedió en Llanes durante la Semana Santa, la llegada de visitantes. Lo mismo ocurre en otros concejos costeros del oriente, como Ribadesella, Caravia y Colunga, donde el parque de vivienda cuenta con hasta un 38% de inmuebles de este tipo de uso.
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A este respecto, si en el desplazamiento se detecta la presencia sin justificación de menores en el vehículo, de personas con vulnerabilidad al virus o con una discapacidad, los infractores podrán ser sancionados adicionalmente con otra propuesta de 1.500 euros. La persistencia en saltarse las restricciones a la libre circulación también será sancionada con 1.200 euros.
En el caso de Gijón, la Policía Local, según informó la alcaldesa Ana González, tenía órdenes durante el fin de semana de realizar tan solo controles informativos. La misma dinámica siguieron en Oviedo y Avilés. No obstante, desde que se decretara el cierre perimetral fueron identificados numerosos viandantes y clientes de terrazas para comprobar su domicilio y constatar cumplimento de la normativa sanitaria. Asimismo, también se insistió en reiteradas ocasiones en la obligación de mantener la mascarilla puesta en las terrazas de hostelería.
601 euros Desplazamiento no autorizado sin circunstancias concurrentes.
3.000 euros Intimidación a la autoridad durante un proceso de identificación.
1.200 euros Persistencia en la infracción referida a las restricciones en la libre circulación.
1.500 euros Presencia de menores o personas con vulnerabilidad en un vehículo sin justificación.
1.500 euros Desplazamiento no autorizado ni justificado a segunda residencia.
1.500 euros Actuación deliberada del infractor para evitar o dificultar su identificación.
2.000 euros Actitud inapropiada del infractor mostrando menosprecio a la autoridad.
10.400 euros Violencia o amenaza a la autoridad, cuando no constituya una infracción penal.
2.000 euros Persistencia referida a la realización de actividades no permitidas en comercios.
1.500 euros Desplazamiento no autorizado en compañía de convivientes o no.
700 euros No identificación por dificultades propiciadas dolosamente por el infractor.
10.400 euros Organización o participación en actividades en común, fiestas o celebraciones.
La presencia policial en las zonas de ambiente nocturno se incrementó durante el fin de semana de manera significativa, más aún durante la noche del sábado. En Gijón, agentes de la Policía Local llegaron incluso, con metro en mano, a medir la distancia entre las mesas en la ruta de los vinos. La reiteración en las actividades no autorizadas en comercios o locales de hostelería será sancionada con 2.000 euros. El toque de queda pondrá fin a las fiestas privadas en domicilios tras el cierre de los bares, una práctica que había proliferado durante los últimos meses. Participar en ellas u organizarlas llevará consigo una propuesta de sanción de hasta 10.400 euros por persona.
Mostrar una conducta inapropiada ante la autoridad en el requerimiento de la identificación personal será objeto de las sanciones económicas más fuertes. El menosprecio será multado con 2.000 euros; la intimidación, con 3.000, y la violencia o amenaza, con 10.400. Todo ello siempre y cuando la infracción no transcienda al ámbito penal. Una actuación deliberada para evitar ser identificado por la autoridad expone al infractor a una sanción de 1.500 euros.
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