Espina «tiende la mano» a las trabajadoras de 0 a 3, pero insiste en que la ley de Les Escuelines «no es de carácter laboral»

La consejera de Educación, Lydia Espina, comenzó su comparecencia en la comisión parlamentaria para defender esta ley recordando que «no es una ley de carácter laboral y por tanto no puede pronunciarse sobre condiciones de trabajo del personal laboral», si bien insistió en que el compromiso del Ejecutivo regional pasa por que ninguna de las aproximadamente 600 trabajadoras pierda derechos laborales ni económicos como consecuencia de la integración de las escuelas municipales en esta nueva red autonómica. En su alegato final, de hecho, Espina volvió a «tender la mano» a las profesionales y manifestó la voluntad del Principado de «buscar la mejor solución jurídica desde la normativa vigente» para que ninguna resulte perjudicada.

La consejera se dirigía especialmente al centenar de técnicas de escuelas de 0 a 3 años que actualmente trabajan en ayuntamientos que no han estabilizado a su plantilla conforme a la ley estatal de reducción de la temporalidad en el empleo público y que ahora, con su traspaso a la red autonómica, quedan en una situación complicada. Una cuestión a la que también se refirió en la misma comisión el director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, quien confirmó que ha convocado una reunión -para el próximo 26 de junio- con representantes sindicales para abordar este asunto y «buscar medidas dentro de la legalidad que permitan valorar la experiencia» de estas empleadas que no han sido estabilizadas y que, por lo tanto, pasan a la red autonómica como personal laboral interino.

Pero éste no es el único foco de discusión que ha generado el paso de las trabajadoras a la plantilla autonómica y que también está salpicando la tramitación parlamentaria de esta ley. El Principado volvió a explicar que pagará a todas las empleadas por igual, pero firmará «convenios de compensación» con los ayuntamientos que venían pagando sueldos por encima de lo establecido para que estas mismas administraciones locales se hagan cargo de la diferencia con el objeto de que sus empleadas no pierdan poder adquisitivo. Esta «figura legal» defendida ayer por la consejera de Educación no convence a los sindicatos, que ya advierten de que será un asunto que acabará en los tribunales, pero tampoco a la oposición.

La popular Gloria García criticó los criterios de planificación de las escuelas y el hecho de que sean los ayuntamientos quienes tengan que asumir las diferencias económicas salariales. No obstante, el más crítico fue el diputado de Vox Javier Jové. «Ni es una red, porque tiene condiciones laborales y económicas distintas, ni es universal, ni mucho menos gratuita porque nos va a salir carísima», recriminó.

La socialista Mónica Ronderos, al contrario, destacó la necesidad e importancia de esta ley mientras que Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias, subrayó que la nueva norma es un «éxito de la equidad y de la justicia social», aunque también pidió buscar fórmulas jurídicas para garantizar la estabilidad de las trabajadoras «sin jugar con sus expectativas».