La escasez de fiscales en Asturias obliga a suspender juicios con menores afectados

La ampliación de juzgados y la contratación de magistrados de refuerzo ha desembocado en que en Asturias exista ahora un fiscal por cada tres jueces. En toda España solo Navarra cuenta con una desproporción mayor en contra de los fiscales. El desequilibrio propicia que los magistrados avancen con una fluidez que en ocasiones tropieza con un cuello de botella: llegado el momento de la vista, resulta que todos los fiscales están de guardia, o interviniendo en otra causa. El problema no se manifiesta en ocasiones hasta el mismo momento del señalamiento, lo que provoca que denunciantes, denunciados, abogados y funcionarios perdieran la mañana para asistir a una vista que termina aplazada.

De ello se duele la fiscal superior del Principado, Esther Fernández, en la memoria que resume lo más importante que ocurrió en los tribunales en 2017. «El número de juzgados a los que el fiscal debe acudir en relación con la actual plantilla hace que no se puedan cubrir todos los servicios», reconoce. Son 28 los profesionales adscritos a la Fiscalía Superior, número «muy insuficiente» por varios motivos que apunta en su informe. Por un lado están «los numerosos juzgados de fuera de la capital, las distancias que hay que recorrer y las condiciones de acceso a esas poblaciones, que se ven dificultadas no sólo por las deficientes vías de comunicación, sino por las inclemencias climatológicas». Además gracias a los refuerzos los jueces «han duplicado sus actuaciones, obligando a los fiscales de la plantilla a un sobreesfuerzo».

El equilibrio se ha terminado rompiendo: «No se asiste a todos los juicios ante los Juzgados de lo Social (seis en Oviedo y uno en Mieres) para los que el fiscal es citado y, en numerosas ocasiones, se ha tenido que solicitar la suspensión en los Juzgados de Familia por no haber fiscales disponibles para asistir al juicio, al estar actuando ante otros órganos judiciales».

En lo Social se dirimen conflictos por despidos, derechos laborales vulnerados, bajas y reclamaciones a la Seguridad Social. Hay por tanto dos partes enfrentadas y el criterio de la fiscalía, que es un actor imparcial que vela por el interés público, acostumbra por inclinar la balanza de los magistrados. Invitarle a que participe es la norma, aunque no resulta obligatoria su presencia. El juez sigue adelante con la vista, sin el apoyo del fiscal. Los abogados que defienden los derechos de los trabajadores interpretan el gesto como una pérdida de garantías, pues se la juegan ante un solo jurista, en vez de contar con el parecer de dos.

En asuntos de Familia con menores o incapacitados afectados no cabe esa opción. Si no hay fiscal, toca suspender la vista y buscar fecha otro día. Además de incrementar a su equipo, Fernández propone «revisar si es útil» realmente la intervención forzosa de los fiscales en todos procesos. La experiencia le dice que «en muchas ocasiones el objeto de este tipo de procedimientos se centra en la discrepancia sobre la pertinencia de una mayor o menor cuantía de la pensión de alimentos, o en determinar si un gasto es extraordinario o no, por no hablar de discrepancias en la vida cotidiana como la celebración de una fiesta de cumpleaños que, desgraciadamente, cuando las relaciones entre los progenitores son conflictivas, sólo se resuelven ante los tribunales».

La fiscal superior considera que en este tipo de procesos «los intereses de los menores o discapaces aparecen suficientemente representados y amparados» sin necesidad del fiscal. En todo caso su departamento debería tener la facultad de poder decidir cuándo merece la pena estar presente y cuándo es prescindible, sugiere. Fernández propone hacer extensiva la reflexión y «reconsiderar la intervención» de los fiscales en las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y de lo mercantil.

Faltan fiscales pero también funcionarios de apoyo, denuncia la memoria anual. Igual que la escasez de los primeros suspende juicios, la carencia de los empleados públicos provoca que en Gijón por ejemplo «muchas de las obligaciones impuestas sobre el registro no pueden hacerse. En concreto, no se registran los juicios por delitos leves».