El escándalo de los seguros de Cogersa: un problema de atención

Como en el fiasco ferroviario (el caso, también destapado por EL COMERCIO, de los trenes cuyo diseño les impedía entrar en los túneles) en la base de la historia hay eso, un problema estrictamente técnico que, al no ser resuelto con el tiempo, se enquista, acaba volviéndose un fallo de gestión y provocando errores de comunicación política cuando se intenta explicar.

Son tiempos de polarización en los que cada parte juega a poner la lupa en este dato o en lo que hizo un tercero para salvar su responsabilidad. Conviene estar atentos a dónde está la bolita para no perderse. Cuáles son los hechos.

En abril de 2022 Mapfre da por extinguido el contrato de seguro de daños con Cogersa. Percibía una prima de 170.000 euros al año a cambio de cubrir los desperfectos que sufrieran maquinas y naves, tasadas en 73 millones.

Aquí se daría el primer error. Lo deseable es que el consorcio trabaje con planificación, de forma que antes de que expire uno de sus seguros, haya licitado y adjudicado una nueva póliza para no quedar al descubierto. Ocurre con el resto de pólizas, pero no con esta. Mapfre deja de cubrir el riesgo y nadie informa de ello al consejo de administración de Cogersa. Según la gerente, Paz Orviz, en ese momento tampoco se le habría comunicado la circunstancia.

La hoy presidenta de Cogersa, Nieves Roqueñí, explica que en julio de 2022, el intermediario que trabaja con todos los ayuntamientos de España y con el consorcio, Willis Iberia, anticipa que los seguros no están dispuestos a cubrir los daños de Cogersa por menos de 700.000 euros. Según su versión, es el «departamento económico» de la entidad el que lo considera caro y opta por no promover la licitación del contrato.

El 3 de octubre una explosión desata un incendio en la planta de inertización de residuos peligrosos, que acaba calcinada. Sostiene la gerente que es al día siguiente cuando pregunta si el seguro cubre los daños y se le informaría, por primera vez, de que no hay primas.

Tres semanas después hay consejo de administración. En ausencia del entonces vicepresidente del Principado Juan Cofiño, preside la reunión Nieves Roqueñí, por entonces vicepresidenta de Cogersa. Hay tres alcaldes, del PP, PSOE e IU. Tras abordar durante 55 minutos 21 puntos del orden del día Roqueñí pide a Orviz que informe del incendio y la gerente declara: «La nave no contaba con seguro, dado que se había sacado la correspondiente póliza a licitación y no se presentó ninguna empresa aseguradora, no volviéndose a convocar dado que el motivo de ausencia de ofertas era que las compañías no quieren asegurar naves de tratamiento de residuos».

Es una información aproximada, pero errónea. Después de que Mapfre se fuera, nunca se llegó a licitar otro contrato de daños.

La versión de la consejera es que la mención hecha aquel día fue tan breve que no la recordaba, no fue suficiente para llamar la atención ni intuir que eso podía suponer un problema. Durante dos años la gerente asegura haber preguntado a sus subordinados por cómo iba la búsqueda de una aseguradora a precio razonable; lo hizo «de forma periódica» pero «con la tranquilidad que me daba el equipo jurídico al decir que en ningún momento estábamos fuera de la legalidad».

Según tiene admitido, el traslado de asuntos al consejo de administración es competencia suya, pero no estimó necesario informar del tema en los siguientes 15 consejos de administración y comisiones delegadas, citas donde se abordaron más de una centena de asuntos, parte de ellos de relevancia, otros del calibre de la contratación de una bomba obsoleta o sacar del inventario una pala.

La cuestión, queda dicho, es dónde poner la atención. La propia y la de los demás.

Orviz y Roqueñí forman un equipo muy unido, se conocen desde hace tiempo, sintonizan y ambas trabajan codo con codo para hacer de Cogersa un actor clave en una economía en proceso de transformación. Son tiempos de transición ecológica y la industria debe aprender a reutilizar lo que hasta ahora consideraba residuos, un campo donde el consorcio público tiene mucho saber acumulado. Avanzar en ese camino es su prioridad y vocación, a lo que dedican más tiempo.

La agenda de trabajo íntegra de la consejera revela que desde hace un año se ven de media cada quince días en actos públicos y reuniones. Aparentemente tampoco en esos encuentros se trató el tema de los seguros.

Según la versión de la consejera, es tras el incendio de la 'plantona', el 24 de abril de este año, cuando toma consciencia de que Cogersa lleva dos años sin seguro de daños para sus instalaciones. ¿Qué hace? Durante seis meses opta por no compartir esa información ni con la oposición ni con el consejo de administración y, aparentemente, tampoco da orden de contratar de urgencia la póliza. Su prioridad, aducirá, era centrarse en la reconstrucción de la 'plantona'.

Oportunidades de desvelar la situación hubo, varias. El 29 de julio en un consejo de administración se acuerda aprobar un modificado del contrato de obra y puesta a punto de la 'plantona' para encargar la reparación al mismo fabricante. El concejal del PP de Gijón, Rodrigo Pintueles, pregunta si el coste (14,7 millones) «lo va a asumir el consorcio o será sufragado por las compañías aseguradoras».

La gerente explica que han contratado un informe para determinar si se puede responsabilizar del incidente a las empresas que hicieron la planta y la operaban para «intentar recuperar aquello que sea posible» de la derrama, pero que la prioridad es lanzar la obra. «No hay otra opción», refuerza Roqueñí.

El 20 de mayo, el 11 de septiembre y el 7 de octubre la consejera se someterá a preguntas de la oposición en relación al incendio; hablan durante dos horas y 43 minutos y a cada pregunta que le hacen sobre los seguros Roqueñí se las arregla para centrar la explicación en que la 'plantona' no tenía seguro de daños porque Cogersa no la había recepcionado, eludiendo comentar que en realidad no había póliza para instalación alguna.

El diputado del PP, Rafael Alonso, fue el que más se acercó, el 20 de mayo: «¿Pero qué me está diciendo, que Cogersa no tiene una cobertura de riesgo de incendio para sus instalaciones o que toda esta planta está excluido ahora mismo de esa cobertura?». La consejera volvió a su relato, sin revelar la falta de seguro de daños.

El diputado de Foro, Adrián Pumares, pidió aclarar más el tema, y la consejera siguió poniendo la lupa en que Cogersa no podía tener póliza para esa instalación por no tenerla recepcionada. El 7 de octubre ambos se enzarzaron, reprochándole Pumares que no existiera póliza para la 'plantona' «porque nunca se ponen en el peor escenario». Roqueñí respondió enfadada: «Evidentemente Cogersa tiene seguros en vigor, tiene el de vida, el medioambiental. No me diga que Cogersa hace una gestión inadecuada de la cobertura de riesgos», repuso la consejera.

Y así se fue manteniendo el secreto al público y quedó estancado el contrato del seguro de daños. Las cosas cambian los días 8 y 9 de octubre pasados. EL COMERCIO remite al equipo de la consejería pruebas de esa ausencia de seguro de daños, evidencias de que otros consorcios públicos de residuos sí disponen de esa cobertura y se anticipa que expertos independientes en el mundo de las aseguradoras ven anómala la situación. Se invita al Principado a dar su versión de los hechos y Roqueñí resuelve dar una entrevista para ello, pero pide un par de días de margen. Al encuentro llegará con un dossier preparado por su equipo.

La consigna desde entonces es subrayar que nunca se dio orden de no licitar el contrato, que la responsabilidad del mismo es del área económica de Cogersa. El viernes de la entrevista la consejera apuesta por centrarse en agilizar la búsqueda de compañía aseguradora y sopesar luego si es rentable su contratación, dejando para más adelante las posibles medidas disciplinarias; apunta a revisar el papel del área económica y del corredor de seguro.

Días después, con las peticiones de dimisión arreciando, la consejera da orden directa a la gerente para que contrate de urgencia la póliza y haga una investigación interna en el consorcio.

Las cosas cambian. Después de seis meses sabiéndolo, el tema pasa ahora a ser una prioridad al punto de depender de ella su futuro. Por extensión también lo es de Orviz, que después de dos años dejando que el asunto se estanque sin alertar a la presidenta ni al consejo se ve en la tesitura de que Roqueñí le encomiende a ella personalmente una investigación sobre los errores cometidos.

La gerente asume que «no hubo la diligencia debida» y la consejera que «hay cosas que podría haber hecho mejor». Queda por ver lo que dirá la investigación.

El problema que pudo nacer y morir en el departamento económico de Cogersa se fue agigantando, obligando a toda la clase política a tomar posiciones. Ya se sabe, el hueco que uno no cubre se lo puede llevar el rival y en ese baile se están revelando nuevas pistas.

Ahí está la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. IU-Convocatoria lleva meses tratando de atraer su voto para el Gobierno de coalición, y el presidente Adrián Barbón aprovechó el debate de orientación política para situarla como posible aliada preferente. La diputada ha pedido compromisos por escrito, y es la única que, en medio del escándalo, insiste en que la decisión sobre renovar o no un seguro es técnica y puede estar condicionada por la existencia del «cartel» de los seguros.

Su comprensión contrasta con IU-Convocatoria, que desde el inicio del Gobierno de coalición ha entendido a Nieves Roqueñí y sus competencias como el espacio propicio para antagonizar con los socialistas. Es una vigilancia que se ha tornado en erosión. En los primeros días del escándalo IU se dolió de no haber sido informada, pidió abrir una nueva etapa en Cogersa, llegó a pedir responsabilidades. Unas llamadas entre socios después parece imponerse la no agresión, darse algo de tregua.

El PP acuñó hace meses el calificativo de «consejera de los líos» para Roqueñí y desde el primer día del escándalo se lanzó a pedir la dimisión. Su estrategia pasa por convencer a los asturianos de que tienen un gobierno acabado y hace falta un cambio de ciclo, un retrato al que podría reforzar la caída de una de las consejeras con más competencias, más si es por un fallo de gestión. La ofensiva, que tiene el respaldo de Vox, permite al partido tomar la iniciativa tras unas declaraciones del alcalde de Oviedo que pusieron en entredicho la capacidad del líder, Álvaro Queipo, de tomar decisiones.

En mitad de ese tablero está el presidente, Adrián Barbón, el que al final decide. Suyo fue el diseño de un Ejecutivo que situó a Roqueñí como pieza clave, una suerte de Teresa Ribera llamada a liderar la transición ecológica en la región. La ha venido arropando, pero en esta ocasión ha prometido públicamente ser «tajante adoptando decisiones» una vez sepa quién no contrató el seguro. Su rotundidad puede ser estratégica, o una forma de apremiar a los suyos. Hay que recordar que el viernes 11, en la entrevista con EL COMERCIO, Roqueñí apostaba por centrarse en lograr una póliza y sólo después dirimir responsabilidades, señalando al corredor del seguro y al área económica, esto es, segundos niveles. Alrededor del presidente hay quien no quiere ceder un milímetro más a IU y quien pide refuerzo político en el área de Transición Ecológica.

El telón de fondo de este drama es Cogersa, consorcio al 20% del Principado y al 80% de los ayuntamientos, que lleva 42 años librando a los asturianos de sus basuras y al que el caso le estalla en pleno proceso de transformación no pacífico. Santiago Fernández fue el gerente que la levantó durante 37 años; se desenvolvía bien entre los munícipes y tenía una visión apegada a la capacidad tecnológica del procesado de basura. Privilegió ir generando ahorros para una incineradora (que nunca llegó) a cuestiones más intangibles y de conciencia ambiental.

A su relevo, Paz Orviz, le tocó cambiar el modelo de gestión. En vez de llevar la mayoría de los desperdicios de los asturianos al vertedero central –solución barata pero hace tiempo que expuesta a sanciones de la UE– tocaba activar la 'plantona', pagar más por la basura, incrementar el reciclaje entre los ciudadanos, concienciar y colaborar con la industria. Con ella la entidad ha ganado en plantilla y complejidad, pero también en batallas internas. Hay cuadros descontentos y camarillas enfrentadas dentro.

En ese clima, ¿qué consecuencias tendrá la investigación? Está por ver. Hay quien pretende usar el asunto para agilizar reformas organizativas. El riesgo es que los eslabones inferiores asuman como enseñanza que no deben tomar decisiones propias, y eleven todo al estamento superior, para cubrirse las espaldas.

La partida sigue abierta y de los movimientos que haga ahora cada actor depende qué Cogersa saldrá de esta, una crisis reputacional pendiente de ser sometida a reciclaje.