Los empresarios urgen a PSOE y IU a desbloquear las declaraciones responsables

Por partes. La norma desató un primer conflicto, con la Administración central. Los Abogados del Estado entendieron que 14 artículos invadían competencias estatales. En enero la comisión abierta para solventar la discrepancia acordó interpretaciones de norma y un cambio que evitaron tener que ir al Tribunal Constitucional.

Pacificada la situación exterma, queda pendiente la interna. IU hizo campaña abogando por derogar la norma impulsada desde la FSA. El acuerdo de gobierno entre ambas formaciones obliga a acordar «el desarrollo normativo». «Estamos trabajando en su elaboración en el marco del pacto», confirma la Consejería de Transición Ecológica. En julio lanzó la consulta pública previa y el plan normativo de este año contempla avanzar. No hay otra forma si se quiere cumplir con un precepto de la ley que asegura que a los dos años de su aprobación debe tener su reglamento.

Once de los artículos están a la espera de ese reglamento que, entre otras cuestiones espinosas, determinará cómo son las declaraciones responsables con las que el promotor dice cumplir la normativa. También regulará cómo las Cámaras de Comercio pueden auxiliar a la consejería a supervisar esas declaraciones.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Oviedo, estima que «es necesario de manera urgente» ese desarrollo. Su balance de la norma es «positivo porque si miramos hacia atrás el escenario era desolador, pero consideramos que no se puede quedar en una ley, necesita su desarrollo reglamentario y mejorar en aspectos que amparan tanto la defensa del medio ambiente como la rápida resolución».

Hay una parte de la norma que ya es ejecutiva. El texto reordenó los papeles del Principado y los ayuntamientos. «Somos la única comunidad con el Reglamento de Actividades Molestas, el Raminp de 1961, vigente» –defendía en la pasada legislatura el entonces vicepresidente, Juan Cofiño– «A la consejería llegan expedientes para evaluar una tienda de ropa, una sidrería, un despacho en una villa... Todo pasa por evaluación ambiental del Principado y no puede ser. No tiene utilidad, nos colapsa. El ciudadano espera meses por una respuesta que casi siempre es positiva. No es que devolvamos esto al ayuntamiento, es que se queda allí la potestad de dar licencia. Nos reservamos la evaluación de industrias, pero una tienda de ropa de señora de Luarca no tendría que seguir viniendo aquí».

Sobre el papel, los ayuntamientos disponen hasta este 30 de abril para adaptar sus ordenanzas a la ley. Aunque el cumplimiento es discreto, Transición Ecológica sí aprecia resultados. La norma «deslinda perfectamente el ámbito de intervención ambiental del Principado y el de las entidades locales», subraya. En 2023 la Dirección General de Calidad Ambiental tuvo una entrada de expedientes de Actividades Clasificadas que representa un 70% de la registada en 2022, detallan. Fueron 247 derivados desde los ayuntamientos y 47 de cursos anteriores: «Se concluye que en 2024 y 2025 se producirá una rápida caída de la entrada».

Otras ambiciones de la norma están tomando más tiempo del previsto. La ley establecía que el Principado exigiría ya que en sus obras públicas el 40% de las materias usadas procedieran del reciclado, aspecto al que se ha aplicado una moratoria de dos años bajo el argumento de que las constructoras necesitan tiempo y que aplicar ahora ese precepto encarecería las inversiones. También daba un plazo máximo de seis meses para diseñar la manera de legalizar las cuadras en núcleos urbanos, algo que la consejería sigue perfilando.