Los empresarios asturianos piden condicionar «totalmente» el salario social a la búsqueda de empleo

En una entrevista con EL COMERCIO, la titular de Derechos Sociales detalló el balance de los tres convenios que desde 2019 activó para procurar trabajo o formación en Tragsa, la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) y Asata. Se llamó a 370 perceptores del salario social, 162 aceptaron participar, 109 rehusaron y a 99 no se les localizó. Quienes rechazaron la opción adujeron sobre todo problemas de conciliación, no tener coche para ir al lugar o manera para cubrir los gastos de transporte, estar enfermos o a punto de lograr otro contrato. Hubo un segundo intento de repesca con las 208 personas que declinaron la oferta o no se lograron contactar; gracias a ello se repescó al 42%, en un 13% se comprobó que el beneficiario tenía condiciones que lo exoneraban para trabajar y a un 3% se le apercibió para suspenderle la renta. La ley castiga con apercibimiento no informar de un cambio de domicilio; dos faltas leves de ese calibre desembocan en pasar entre tres y 12 meses sin cobrar la ayuda.

La consejera no ocultó su malestar con el balance: «No podemos permitirnos no hacer nada para que esas personas salgan de vivir de una prestación. Ni pensar que hay niños y niñas en esta región, y los hay, que aspiran a vivir del salario social. Me parte en dos».

Los partidos a la izquierda del PSOE la acusan de «dar argumentos a la extrema derecha» y atacar «a los más vulnerables». A la derecha se analizan las declaraciones como una muestra de «falta de gestión» y «despilfarro».

Hay división entre los agentes sociales. Desde la Federación asturiana de empresarios (Fade) celebran que «por fin el Gobierno del Principado se muestre sensible ante un problema que llevamos mucho tiempo poniendo sobre la mesa». La patronal mantiene que «hay un elevado porcentaje de perceptores del salarios social que rechaza incorporarse al mercado de trabajo, algo de lo que llevamos alertando desde hace años, siempre con un afán constructivo».

Fade ve necesario «derivar a estas personas hacia el sistema formativo para poder cubrir vacantes de las empresas». Para ello reclama «como primer paso un sistema eficaz de registro y contraste entre los perceptores del salario social y los inscritos como demandantes de empleo», así como adaptar los cursos de formación a este perfil más vulnerable. «Asímismo suscribimos las declaraciones de la consejera, la percepeción del salario social debe estar totalmente condicionada a la participación en programas formativos o la búsqueda de empleo», anotan.

Desde UGT y la Mesa del Tercer Sector cuestionaron la oportunidad del debate abierto por la consejera. «No creo que haya ningún niño o niña ni adulto cuya aspiración sea cobrar una prestación social antes que trabajar», manifestó Javier Fernández Lanero, secretario general de la central en Asturias. «Le pido a la consejera que sea más prudente, que analice los datos», agregó. Fernández Lanero pide que se estude «las condiciones laborales que se estaban ofertando, identificar a los que pueden recualificarse y a quienes están incapacitados para trabajar y dar solución a cada colectivo». «Hay que ser rigurosos antes de prejuzgar, no se puede decir alegremente que tengamos niños cuya aspiración sea ganar 400 euros», reclamó.

La Mesa del Tercer Sector reúne a colectivos que trabajan contra la exclusión social, como la Cruz Roja, Cáritas, la ONCE, entre otras. Su presidente, Víctor García, subraya que los 370 perceptores del salario social llamados para un curso o un empleo a los que alude la consejera «son un universo muy reducido frente a los 14.390 que hay» cobrando la renta. También, si se relaciona con los casi 3.000 perceptores que compatibilizan la ayuda y un empleo.

García reconoce que la Administración hace esfuerzos pero «aún queda mucho trabajo por hacer en la coordinación de los sistemas de protección social y empleo». «Cada unidad de trabajo social esté coordinada con las oficinas de empleo, eso es una asignatura pendiente», insta.

Sin avanzar por esa vía, Víctor García reclama «tener cuidado y evitar el sensacionalismo que puede perjudicar al sistema de protección de las personas, eso son conquistas sociales que se deben mantener».