«Elegir colegio es un derecho constitucional, no un regalo, y no toleraremos que se elimine»

A la enorme sorpresa inicial —lo dijo ante 2.000 asistentes al encuentro nacional de Escuelas Católicas que se celebra en Madrid—, se ha unido una «inquietante incertidumbre después de esta radicalización del PSOE», añadió Mallada. «¿Va a continuar el Ejecutivo asturiano haciendo seguidismo del gobierno cada vez más radical de Pedro Sánchez? Porque es un asunto de suficiente entidad para que lo aclare de forma inmediata», subrayó.

Junto a ella, la presidenta de la Confederación Católica de Padres de Alumnos de Asturias, Desirée Fernández, fue contundente. «El tercer punto del artículo 27 de la Constitución establece el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación de acuerdo a sus convicciones. No es ningún regalo del Estado». Concapa recordó a Celaá que «la interpretación de la Carta Magna no es interpretable al gusto de cada cual. Ha sido una declaración de intenciones que no vamos a tolerar». Y no ocultó su intención de «salir a la calle» si el PSOE persiste en su gesto hacia Podemos en plenas negociaciones para conformar gobierno.

«Lo que dice no es ni más ni menos que lo que el PSOE está haciendo en Asturias desde el año 2000, aunque de forma más prudente y no tan de frente. Libertad, sí, dice, pero si tenemos alumnos para abrir un aula más, no la abre, sino que da opción a matricular al alumno en otro sitio. Eso es una libertad relativa», señaló el secretario general de Escuelas Católicas en Asturias, Carlos Robla.

Su presidente, Simón Cortina, presente en Madrid, confió en que el Principado no tome esa deriva «tras el tono cordial y de respeto» manifestado por la consejera, Carmen Suárez, en una reunión mantenida con Escuelas Católicas esta misma semana en Oviedo. «Quedamos en seguir caminando y dando pasos. No pedimos privilegios, sino que se nos trate conforme a la legalidad. Ambas redes (pública y concertada) ofrecemos un servicio público», apuntó Cortina, quien insistió en que «la Educación es demasiado importante para que se pueda utilizar, por unos o por otros, como instrumento». Es más, en el caso de que en el territorio nacional no se alcance el Pacto de Estado por la Educación, la concertada ha planteado cerrar uno con todos los agentes en la comunidad. En Asturias, 30.000 alumnos acuden a la escuela concertada, que cuenta con 2.500 docentes y 57 colegios.

En Zaragoza se encuentra el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Asturias, patronal de centros educativos impulsados por iniciativa privada. Ángel Gallo, director también del colegio Los Robles, manifestó su «sorpresa» porque las declaraciones de la ministra son «un atentado contra la libertad de las familias». «Es difícil imaginar libertad de educación sin libertad de elegir colegio. Es como hablar de libertades políticas sin libertad de elegir partido al que se vota. O de libertad sindical sin afiliación al sindicato que uno quiera. O de libertad de prensa sin poder elegir la radio que escuchas o el periódico que compras».

Al igual que los padres, los representantes de los centros afirmaron que la postura de Celaá supone «un cambio radical en la interpretación que a lo largo de 40 años se ha hecho del derecho constitucional de la libertad de enseñanza». «Es evidente que la libertad de enseñanza exige pluralidad de centros y, para que esa pluralidad sea asequible a quien tiene menos recursos, debe estar sostenida con fondos públicos. Las familias deben poder ejercitar ese derecho a elegir centro en régimen de igualdad de oportunidades» añadió CECE.

Sendas patronales insistieron también en que el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos está reconocido en la Declaración de la ONU de los Derechos del Hombre y hubo total unanimidad en señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1981 a la que aludió la ministra durante su intervención «ha sido reinterpretada por otras tantas sentencias del TC que avalan nuestra posición». «Es una práctica jurídica habitual», añadió Cortina, quien señaló que «parece que no ha tenido en cuenta, no le ha interesado o no le ha han informado suficientemente». Y, para Ángel Gallo, «las referencias que el ministerio hace a sentencias del TC resultan bastante forzadas y sacadas de contexto, sin reconocer, por ejemplo, una reciente de 2018, fundamentada, precisamente, en esos tratados y acuerdos internacionales ratificados por España».

«Nunca hemos pedido una concertada a la carta, como dice a veces la propia ministra. Solamente decimos que no pueden cerrar aulas concertadas que tengan igual o más demanda que la medida de su entorno» .

El sindicato mayoritario de la concertada en Asturias, Otecas, quiso también precisar el argumento legal de la ministra. «Su posicionamiento se basa en esa ley del TC de 1981. Fue dictada tras un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley Orgánica del Estatuto de centros escolares, una ley que presentó UCD entonces y que jamás entró en vigor«. Para la central, el artículo 27 de la Constitución también es «muy claro» y confía en que la «la educación no se instrumentalice políticamente».

Ha habido más reacciones a lo largo de la jornada. También de los profesores de Religión. En concreto, del sindicato APPRECE. Su presidente autonómico, Iñaki González, apunta que el las declaraciones de la ministra son «un error impropio en una ministra de Educación y en sus asesores. Resulta lamentable que todavía haya políticos que no hayan leído la Constitución o la confundan con su ideología». González aprovechó para reclamar una antigua demanda: que al profesorado de Religión confesional de la escuela pública «se le trate como lo que es: empleado público, dependiente de las Administraciones Públicas».

Ante el enorme revuelo que se levantó ayer y prosigue hoy, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha querido mandar un mensaje de «tranquilidad» a la concertada y a los padres que optan por estos centros para sus hijos, y ha calificado de «controversia artificial» la reacción de sus palabras sobre que elegir centro no emanaba de la Constitución. «No existe plan para la revisión de nada. El sector puede estar tranquilo porque llevamos gestionándolo 30 años y no hay ninguna razón para esta controversia exagerada». Además, ha recordado que la red concertada nació en los ochenta bajo el gobierno socialista de Felipe González.

En cualquier caso, ha reiterado que la elección de centro no es un derecho constitucional, sino «un derecho legal» que forma parte de la legislación de la programación de enseñanza. «Si fuera un derecho constitucional, las familias podrían recurrir a los tribunales para reconocer ese derecho», asegurando que esa afirmación está corroborada en «el contenido de 30 sentencias del TC».