Podemos pedirá que se interrogue a Trevín «para agilizar los trámites»

Suma y sigue. El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), afín a Podemos y personado en la causa abierta sobre El Musel, solicitará «en las próximas horas» que el juzgado convoque para su interrogatorio a tres nuevos testigos: el exdelegado del Gobierno Antonio Trevín, el presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, y Enrique Riaño, quien lideraba la cooperativa Cesintra en el momento de los hechos. La iniciativa se toma «para colaborar con la Justicia y agilizar los trámites que permitan esclarecer los hechos», justificó Ana Taboada, candidata de Somos que lleva la dirección letrada de Ocan. En una rueda de prensa conjunta con el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, y el aspirante de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, la abogada reconoció que las diligencias son consecuencia de una noticia publicada por EL COMERCIO en noviembre y titulada 'La «doble contabilidad» del transporte en El Musel habría supuesto 7,3 millones'. En ella, De la Roza y Riaño relataban cómo durante las obras de ampliación los responsables de la constructora UTE Dique Torres y los de El Musel les habrían pedido ser «tolerantes» con los pesos de carga de los camiones. «Afortunadamente no caímos en la trampa», confirmaba De La Roza.

Riaño aseguró que el presidente del puerto justificaba los sobrepesos en que el material llegaba de lejos y resultaba muy caro. «Los incrementos de peso que querían en los camiones eran exagerados». El hoy expresidente de Cesintra dijo haber puesto una denuncia sobre el asunto ante la Guardia Civil y los inspectores de transportes, sin resultado alguno: «Llama la atención que la mayor obra de movimientos de tierra en España de los últimos cien años no tuviera ninguna inspección de Transportes. En cambio, si en la carretera a un transportista le cogen con una tonelada de más, le ponen una multa de mil euros, pero en El Musel no se hizo nada».

2.000 euros por familia

«Queremos que declaren como testigos por esto», expuso Taboada, tras leer varios párrafos de la noticia. «El responsable de la gestión y control de la Guardia Civil era el delegado del Gobierno Antonio Trevín; le pediremos que explique por qué no se investigó», dijo. El informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que desató la causa judicial indica que 88.765 transportes de material pétreo de las canteras fueron registrados con una «doble contabilidad». «Es lo que denunciaron las patronales del transporte y queremos saber por qué no llegó a nada eso», abundó Ripa.

Para el secretario general de Podemos, el supuesto fraude de la ampliación costó «un mínimo de 200 millones, que llega hasta los 800 si consideramos el total de una obra que desde el principio carecía de utilidad». Ripa aseguró que el asunto «le ha costado 4.200 euros a cada votante socialista de Gijón y 2.000 euros a cada familia; son más de 10.000 los puestos que se habrían creado con lo que presuntamente se malversó».

Personal «por enchufe»

Suárez compareció tras una reunión «de urgencia» con el comité de empresa de la Autoridad Portuaria. «Me dicen que entre el 35 y el 40% del personal está por enchufe, que había 25 coches de empresa de alta gama, y que el año pasado la presidenta se compró un Audi, para uso suyo, por 55.000 euros, porque viajaba mucho a Madrid».

Ripa exhibió una instantánea del consejo de administración que aprobó el modificado: «Es la foto de la vergüenza y están José María Pérez, Paz Fernández Felgueroso, y Belén Fernández; por eso decimos que algunos empiezan estas elecciones como candidatos y a medio plazo pueden acabar de imputados».