Las imputaciones por las obras de El Musel sacuden la campaña electoral en Asturias

Aldabonazo judicial a la campaña. El magistrado-juez Javier Gómez Bermúdez, poco antes de dejar la Audiencia Nacional para incorporarse a su nuevo destino en París, dictó el pasado 13 de mayo una providencia en la que cita a declarar, en calidad de imputados por presuntas irregularidades en la ampliación de El Musel, al expresidente de la Autoridad Portuaria Fernando Menéndez Rexach y al exdirector de la misma entidad José Luis Díaz Rato. Ambos se someterán a interrogatorio los días 24 y 25 de junio, respectivamente, una semana después de que desfilen ante el juzgado, como testigos, los nueve gerentes que tuvo la UTE Dique Torres, empresa que ejecutó la ampliación portuaria.

La decisión judicial otorga también un plazo máximo de 15 días a la UTE Cabo Torres, sociedad que asumió la asistencia técnica para el control de las obras, para que presente «la totalidad de informes mensuales emitidos» sobre la citada función.

La decisión judicial influyó ayer en el desarrollo de la campaña electoral, ya que prácticamente todos los partidos mayoritarios expresaron su visión de las imputaciones.

Por parte del PSOE, partido que sustentaba tanto al Gobierno español como al regional durante el desarrollo de los trabajos, el presidente del Principado y candidato a la reelección, Javier Fernández, recalcó que la ampliación de El Musel era una infraestructura «necesaria» y dijo que el puerto gijonés es «básico» para el desarrollo de Asturias. «Los ciudadanos sabrán discernir», señaló al ser preguntado sobre la posible repercusión de las imputaciones en las elecciones del domingo.

En la misma línea, el candidato socialista a la Alcaldía de Gijón, José María Pérez, destacó que la declaración de los imputados «servirá para que todo quede claro. Sabemos que hay informes de la Autoridad Portuaria, Intervención General del Estado y Abogacía del Estado que indican que las cosas se hicieron correctamente».

«Artimaña electoral»

Pérez no dudó en pasar al ataque porque, según aseguró, «hay quienes utilizan esto como una artimaña electoral». También recordó que «cuando Carmen Moriyón aprobó la liquidación de las cuentas, cuando el presidente era Emilio Menéndez, que es interventor del Estado y por lo tanto conocía perfectamente las obligaciones legales que llevaba aparejadas, lo hicieron porque entendían que todo estaba correcto. De lo contrario deberían haber actuado de otra manera».

La versión de Carmen Moriyón fue bien distinta. La alcaldesa de Gijón y candidata a la reelección por Foro Asturias, manifestó que «se concreta en instancias judiciales lo que era un clamor en la sociedad. Que los gestores del puerto estén imputados en una investigación de la Audiencia Nacional es muy grave. Pero es difícil de creer que la trama del puerto quede circunscrita a los gestores. Fueron nombrados por un Gobierno socialista, pero el PSOE lleva tiempo mirando para otro lado. Es difícil de entender que no estuvieran al tanto de lo que pasaba en el puerto. En ese consejo de administración estaban el señor Areces y el actual candidato del PSOE, José María Pérez. Javier Fernández debe dar la cara. Esto ya no son intrigas políticas, es una investigación en instancias del máximo nivel».

Del mismo partido, Cristina Coto dijo que la imputación «da al traste con el discurso socialista de transparencia, perfección y legalidad». Aunque optó por mantener el calificativo de «presuntas» irregularidades, dijo que el informe de la Olaf «habla por sí solo» y aseguró que las acusaciones «son muy consistentes».

«Debe aclararse lo que pasó»

En representación del Partido Popular fue José Agustín Cuervas Mons quien expresó su esperanza de que, «al menos en sede judicial debe aclararse lo que pasó, ya que nosotros promovimos la creación de una comisión de investigación en la Junta General del Principado que fue abortada por acuerdo del PSOE, IU y UPyD. Ahora no son responsabilidades políticas lo que está sobre la mesa, pero sigue siendo necesaria una explicación de Javier Fernández, porque, pase lo que pase, fue una gestión cien por cien socialista».

La opinión de IU fue expresada a través del candidato a la Presidencia del Principado, Gaspar Llamazares quien dijo que la ampliación de El Musel se produjo en una época en Asturias de «grandonismo, especulación, megalomanía y gestión clientelar de PSOE y PP». Vinculó este caso a la denominada 'operación de los palacios', en Oviedo y aseguró que el PSOE «optó por la especulación del ladrillo y ahora obtiene las consecuencias, con un fiasco».

José Carlos Fernández Sarasola, candidato a la Alcaldía de Gijón por Ciudadanos, calificó de «muy positiva» la imputación de Rexach y Díaz Rato porque «servirá para aclarar las cosas y solo esperamos que se haga con agilidad». La medida, a su juicio, «corrobora lo que ya Gijón suponía o sabía» y es fruto de «una minuciosa investigación realizada por la Unión Europea.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, a través de su gabinete de prensa, reiteró la «convicción de que todas las actuaciones se ajustaron al ordenamiento jurídico.