Carcoma, humedades, olor a cloaca: el deplorable estado de los juzgados asturianos

Asturias es de las comunidades que menos invierte en su sistema judicial, algo que denuncia todos los años el Consejo General del Poder Judicial. Su último balance cifra en 57,7 euros por habitante el presupuesto de 2021, el tercero más pobre de un país donde el resto promedia los 90 euros. Las consecuencias las soportan los 5.500 jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios adscritos a los juzgados de la región.

Sus quejas motivaron que la Consejería de Presidencia diera un paso al frente. Encargó de forma directa al Colegio de Arquitectos y por 75.000 euros un 'Estudio integral sobre las sedes judiciales'. Nueve colegiados coordinados por Marta Pujades pasaron meses inspeccionando 20 de las 25 dependencias que hay en la región. Es decir, todas, salvo las levantadas en los últimos años.

A lo largo de más de 800 folios su pericial describe incumplimientos generalizados de la normativa, situaciones de riesgo grave para empleados y usuarios, espacios insalubres donde se trabaja a diario, junto con un conjunto de chapuzas y molestias.

«El estado del conjunto de inmuebles no es el apropiado para ofrecer un servicio público de calidad», concluyen. Su cliente, el Principado, «ha llevado a cabo iniciativas para paliar algunos de los problemas más graves, pero persisten aún deficiencias en la mayoría de las instalaciones».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, por ejemplo, trabaja en un palacio donde en el momento de la inspección la alarma por incendio llevaba «años estropeada», los días de lluvia el olor a alcantarilla se colaba en los baños y hay trabajadores que traen sillas de casa para evitar los problemas de espalda que dan las de la sede.

En Cangas del Narcea se aplica justicia desde un edificio de 1880 con patologías que «pueden afectar a la estabilidad y seguridad del edificio», por lo que los arquitectos apremian al Principado a analizar más en profundidad las grietas identificadas.

En Grado la sede está en el casco urbano y lleva años con goteras y humedades; «el material de oficina metálico se les oxida con rapidez» y el ascensor sumaba meses inutilizado por el agua. Hay una fisura que nace del suelo y los trabajadores de la planta baja dijeron «sentir miedo e inseguridad» porque no hay vigilante que controle los accesos y algunas personas que acuden al juzgado no les tratan bien.

Abundan las puertas de evacuación bloqueadas y los pasillos de salida infranqueables por la acumulación de muebles. Fotografiaron madera comida por los insectos en Cangas de Onís, Cangas del Narcea y el TSJA. La sede de Tineo está en un edificio de 1887 de uso compartido y del que los arquitectos no pudieron «aclarar la titularidad ni el régimen de tenencia». La de Castropol, de 2001, ocupa parte de una calle por lo que, con el Plan General de Ordenación en la mano, «se encontraría en situación de fuera de ordenación, que conlleva la imposibilidad de realizar tan solo obras de mero mantenimiento».

En el TSJA hay trabajadores con conexión a internet «extremadamente lenta», se les corta y a veces «llegaron a hacer los propios trámites desde sus propios domicilios para hacerlos de un modo más ágil». En otra sede se trabaja con bufanda y tapones de los oídos puestos. Su análisis determina que hay «gran diferencia» entre localidades. Unas tienen juzgados modernos y otros son «inadecuados para el trabajo del personal y la prestación de un servicio público».