Educación dice que la plantilla solo baja un 0,06% y las centrales reclaman 3.000 docentes más

El director general de Personal Docente, César González, se reunió ayer por cuarta vez con los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Educación para presentarles la «propuesta final de plantilla orgánica» para el próximo curso 2024-2025. Pese a darla por cerrada en un total de 9.519 puestos, afirmar que «pese al descenso de la matrícula del alumnado, prácticamente se mantiene en las mismas condiciones que en el curso actual y en concreto la reducción es del 0,06%», y asegurar que «se han analizado de manera minuciosa las peticiones presentadas por los centros y por las organizaciones sindicales y hemos respondido una a una», César González se ha topado con el rechazo frontal de todos los sindicatos.

Mientras el director general asevera que la propuesta del Principado «responde a las necesidades de las centros» y que «durante el periodo de negociación, se han revisado alegaciones correspondientes a 75 centros y se han atendido, total o parcialmente, once», las centrales insisten en la necesidad de un incremento de la plantilla de 3.000 o más efectivos.

César González insistió en que «se han analizado de manera minuciosa las peticiones presentadas por los centros y por las organizaciones sindicales y hemos respondido una a una». A su juicio, el planteamiento final «responde a las necesidades de los centros». El director general también destacó el esfuerzo que realiza la Administración en la dotación de recursos humanos, con el objetivo de garantizar la calidad de la enseñanza.

Tras la reunión, los sindicatos salieron en tromba con comunicados contra la propuesta. Así, UGT asegura que la misma «no responde a las necesidades reales». Indica la organización que la Administración ha dado por finalizada la «negociación» y los centros educativos contarán para el próximo curso «con poco más de 9.500 plazas, muy lejos de las necesidades reales: aproximadamente 12.000 docentes».

Además, señala UGT que esta situación no es nueva, sino que se repite año a año, «con lo que centenares de puestos que son estructurales siguen considerándose necesidades coyunturales».

UGT también apuntó a la promesa del Principado de reducir la interinidad al 8%: «En contra de lo que obliga la ley, prefiere que un 25% del profesorado sea interino y buena parte, con media jornada. El próximo 1 de septiembre, con el comienzo de curso, habrá centenares de plazas docentes que en el mejor de los casos serán cubiertas a finales de septiembre, con el alumnado ya en las aulas», indica el sindicato.

Por su parte, Comisiones Obreras precisa que «más de 300 grupos de educación primaria no contarán con tutor de primaria, ocho colegios de la zona rural no contarán con ningún docente de primaria en plantilla orgánica y un colegio no contará ni con maestra de infantil ni con maestra de primaria. En todos estos casos las tareas que realizan las maestras y maestros de educación primaria serán asumidas por profesorado especialista (inglés, educación física, música, etcétera).

Y pone el acento en la enseñanza de la llingua, ya que «un año más, las plazas de la especialidad de llingua asturiana y gallego-asturiano siguen sin formar parte de la plantilla orgánica, aún cuando el TSJA sentenció hace ocho años que la enseñanza del asturiano no esté sometida a ratios o demanda, estando la Administración obligada a ofertarla siempre que haya al menos un alumno matriculado».

CSIF criticó que la Administración sigue empeñada en fijar la plantilla orgánica de los centros en unos 9.500 docentes cuando en el día a día son más de 12.500 los que tienen que sacar adelante la educación del alumnado asturiano».

Y Suatea, entre otros argumentos, indicó que con esta plantilla «no se revierten los recortes, ni se potencia la escuela pública en la zona rural, ni se permite la reducción de horas lectivas para los mayores de 55 años, ni se atiende a la diversidad del alumnado, ni se permite la estabilización del personal interino del que se abusó en su contratación temporal».

«En este momento solemne de la Junta, en el principal marco de debate parlamentario, permítame que ratifique la posición que el martes adelantó el consejero de Hacienda respecto a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que ha hecho Cataluña: nosotros, como Gobierno de unidad progresista y reformista, defendiendo los intereses de Asturias, rechazamos de forma clara, nítida y rotunda la reforma de un sistema de financiación autonómica que rompe con el acuerdo multilateral y con la solidaridad entre españoles».

Con esta declaración de «rechazo frontal» a la propuesta catalana para reformar la financiación autonómica inició el presidente asturiano, Adrián Barbón, el turno de respuestas a las preguntas que en la sesión plenaria le plantearon los grupos del PP, Vox y Foro. El primero y el último, sobre las consecuencias de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para Asturias. El segundo, sobre si el Principado ha aprovechado las oportunidades para garantizar el futuro de la región.

Respecto a las consecuencias de la prórroga presupuestaria, muy criticada por el portavoz del PP, Álvaro Queipo, que reprochó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no cumpla la obligación marcada en la Constitución de presentar una propuesta presupuestaria» –incluso abrió la puerta «a que tengamos que reprobar a Pedro Sánchez, como ya lo hizo esta Junta con Óscar Puente»–, Barbón quiso dejar claro que «este Gobierno considera prioritario que haya Presupuestos Generales del Estado, igual que son prioritarios los presupuestos regionales. Nosotros no cambiamos, no decimos que no son importantes. Lo son, por supuesto que lo son».

Aunque apostó por minimizar los daños de la prórroga, «realmente los presupuestos están prorrogados desde el 1 de enero y los de 2024 no estaba previsto que se pusieran en marcha antes de septiembre, así que el impacto no es el mismo». Y sentenció que «ahora estamos ya pasando de pantalla y negociando los presupuestos de 2025». Sí dejó claro que «Asturias se juega 260 millones de financiación con la prórroga» de los presupuestos nacionales.

Una inversión que depende «del decreto ley que se votará en el Congreso de convalidación de las medidas anticrisis», por lo que hizo un llamamiento: «Pido públicamente al PP que, pensando no sólo en Asturias, sino en todas las comunidades autónomas, vote a favor del decreto de convalidación donde van estos 260 millones».

Una cifra clave, aseguró, porque «sin ellos la arquitectura de los presupuestos autonómicos se viene abajo», confirmó al portavoz de Foro, Adrián Pumares. Fue en su respuesta a él cuando insistió el jefe del Ejecutivo autonómico en que «las principales inversiones están garantizadas porque son partidas plurianuales».

En esa línea, dijo que «las obras que no se han ejecutado aún deben licitarse, y las que sí, deben continuar». Afirmó que «no corre riesgo» el Corredor Atlántico, «que hasta el año pasado no figuraba en los presupuestos». Recordó que el Ministerio de Transportes «pasó de invertir 58 millones en Asturias en 2018 a los 116 de 2023. Incluso en la prórroga hemos salido ganando».

Alguna de las respuestas de Adrián Barbón, como la que esgrimió «la defensa de Asturias frente a aquellos que no es que no sean una sucursal, es que no llegan a franquicia» de los partidos políticos en Madrid, y la crítica a que «el PP no ha votado nunca los presupuestos asturianos, ni en los peores momentos de la pandemia, en los que hasta Vox se abstuvo», le llevaron a calificar de «diputado 'vintage'» a Luis Venta Cueli, del PP. Eso generó un cruce de palabras con el diputado conservador, que provocó que el presidente de la Junta, Juan Cofiño, llamara al orden a Venta Cueli.

También tuvo rifirrafe con la portavoz de Vox, Carolina López, que comenzó acusando de machista al presidente –lo que indujo a Barbón a decir que «manca la madera que lo diga un grupo que nunca apoya los actos contra la violencia machista ni los del 8M»–, para pasar a criticarle que «las grandes inversiones pasen de largo».

Esta aseveración de la portavoz de Vox fue refutada por el presidente con el anuncio de Amazon de que abrirá en septiembre su centro en Asturias, tras invertir 300 millones y con el compromiso de crear 1.500 empleos en tres años.

Los reproches entre ambos incluyeron la queja de Vox sobre «la presión fiscal que sufren los asturianos», que dio pie a que Barbón y López se enzarzaran en sus sueldos. «Cobra usted lo mismo que yo, sin tener las mismas atribuciones», le dijo el presidente a la diputada, que negaba desde su escaño.

Volvió a rechazar Adrián Barbón que en Asturias haya fuerte presión fiscal. «Lo que usted quería con su propuesta es dejar de pagar 315 euros. Con la nuestra, conseguimos que una familia con dos hijos que tenía una deducción fiscal de 600 euros ahora la tenga de 1.900. Es una deducción dirigida a quien la necesita, no a los que pueden permitirse pagar un poco más para sostener los servicios públicos».