La educación concertada asturiana se vuelca en la campaña contra la 'ley Celaá'

32.000 alumnos, 58 centros educativos y 3.000 trabajadores. Es la realidad de la escuela concertada en la región, que representa «casi un tercio del sistema educativo asturiano y que no puede ser excluida». Y la nueva Ley de Educación, aseguran, hace eso, excluirles. Es la base de la protesta que los centros concertados llevan a cabo estos días, que han vestido sus fachadas del color naranja, símbolo de la oposición a la 'ley Celaá', que pinta globos, pancartas y grandes lazos. Equipos directivos, organizaciones religiosas y asociaciones de familias se han volcado en la campaña, que está muy presente en las redes sociales y que incluye una recogida de firmas. Inician, de hecho, una semana clave, ya que el Pleno del Congreso dará el visto bueno al texto el jueves.

El papel que jugará en el futuro la escuela concertada es una de las cuestiones más importantes que se dirime en el texto de la Lomloe, que el viernes recibió un impulso fundamental en el Congreso. Durante años y años de debate y la firme oposición de una parte del arco político social las sucesivas leyes educativas no habían modificado ese papel. Siempre se ha mantenido la «demanda social» que permitía a la concertada aumentar plazas y centros, a petición de los padres. Con la nueva ley eso desaparece, además de prohibir ceder terrenos públicos para colegios concertados, se controlará la exigencia de cuotas obligatorias y se acabarán los conciertos con centros que separan por sexos (hay dos en Asturias en estos momentos).

Entre los argumentos que la escuela concertada pone sobre la mesa está la «falta de debate y diálogo», con la tramitación de la ley «en plena pandemia y en estado de alarma, con un gobierno en debilidad y en clara minoría parlamentaria». Además, creen que «la Administración no tendría en cuenta la elección de las familias, un paso más hacia la planificación unilateral o al cierre de concertados con demanda en beneficio de públicas vacías». Añaden que «con el argumento de evitar una supuesta segregación educativa, la Administración podría eliminar la libertad de elección y 'distribuir' a los alumnos unilateralmente». Hablan incluso de que la ley «introduce un comisario político en el Consejo Escolar del centro, lo que de facto puede suponer una grave cortapisa para la razón de ser del centro, su ideario».

La asignatura de Religión y el hecho de que deje de ser evaluable es otra de las cuestiones que discuten, así como la nueva asignatura de Valores Cívicos, «no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento». Con todo sobre la mesa, la econcertada no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. La plataforma asturiana en defensa de la concertada, que reúne a patronales, sindicatos y padres, se reúne esta tarde para decidir los siguientes pasos. A la campaña se han sumado el PP de Asturias, cuya presidenta lanzó el sábado duras críticas a la Lomloe, así como el Arzobispado. Jesús Sanz Montes dedicó su carta semanal a esta cuestión, en la que tacha la nueva norma de «abusiva y totalitaria» e instó a reaccionar contra ella.