Dos años y medio de cárcel por estafar a un matrimonio con la falsa mediación de una hipoteca en Bimenes

La mujer, condenada por un delito continuado de estafa, también tendrá que indemnizar al matrimonio con 30.742 euros.

La acusada. M.N.E. declaró en el juicio, celebrado el pasado día 1 de octubre en la Audiencia Provincial, a través de una videoconferencia realizada desde la cárcel de Brians, donde cumple desde 2017 una condena de ocho años de prisión por delitos similares.

En su declaración, la mujer aseguró que «no había visto en su vida» a las víctimas, J.G.A. y A.H.C., y alegó que su identidad había sido «usurpada».

El matrimonio había adquirido, el 29 de mayo de 2013, una finca rústica con vivienda y almacén en la localidad de Bimenes por 30.000 euros, cuyo pago quedaba aplazado al 29 de agosto de ese año.

La Audiencia ha declarado probado que el matrimonio recurrió al portal de internet «Mil anuncios» porque J.G.A. estaba incluido en el fichero de morosos Asnef por el impago de una deuda anterior y no lograba que los bancos le concedieran un préstamo para pagar la vivienda.

La acusada convenció al matrimonio de que, gracias a sus gestiones, podría obtener un préstamo de 40.000 euros y, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, les fue cobrando diversas cantidades hasta superar los 38.000 euros, con el pretexto de que eran para la obtención del crédito como la tasación de la vivienda, el cambio de calificación de la finca de rústica a urbana o «sacar al marido» del fichero de morosos.

El matrimonio fue pagando a través de giros postales y transferencias bancarias a la acusada, a la que nunca vieron en persona, pero a la que habían contratado a través del anuncio porque les había dado «confianza» y sus contactos siempre fueron a través del teléfono, por correo electrónico o por whatsapp.

La Audiencia ha condenado a M.N.E. a indemnizar con 5.000 euros a la pensionista M.Y.A., madre de J.G.A., que entregó esta cantidad a R.G.S., una presunta cómplice de la ahora condenada, para negociar un préstamo con mejores garantías para la hipoteca de su vivienda, que nunca realizó y que actualmente está en paradero desconocido.

La Fiscalía solicitaba una pena de ocho años de prisión, mientras que la abogada defensora Carmen Gómez Martín pedía la libre absolución al sostener que su representada era «una cabeza de turco» porque su identidad había sido utilizada «por otras personas», sin que hubieran realizado siquiera pruebas de voz para contrastar si era la misma persona que había contactado con las víctimas.

La letrada ha asegurado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al estimar que no ha quedado suficientemente probada la participación de M.N.E. en los hechos imputados y haber sido condenada «únicamente por indicios por la íntima convicción del tribunal».