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Continúa el debate en la comunidad universitaria tras la publicación de la 'Guía de atención al alumnado con Diabetes Mellitus tipo 1 en centros educativos', elaborado por las consejerías de Educación y Salud. Primero fue el sindicato ANPE el que lanzó la voz de alarma ... e incluso ha amenazado con llevar el tema a los tribunales y ahora todas las centrales docentes se suman a la protesta. La Junta de Personal Docente no Universitario ha expresado «su total rechazo ante la decisión de la Consejería de Educación de delegar en el profesorado la administración de insulina al alumnado con diabetes. Esta decisión excede las competencias del profesorado, ignora las responsabilidades propias de los profesionales sanitarios y contradice tanto la normativa vigente como las demandas del colectivo docente«, aseguran los sindicatos en un comunicado hecho público.
Los docentes se acogen al articulado de la LOMLOE que regula las funciones del profesorado y que se centran, dicen, «en la enseñanza, la orientación educativa, la evaluación del aprendizaje y la creación de un entorno educativo seguro y positivo. En ningún caso se incluye la administración de medicación o la asunción de tareas sanitarias. Estas responsabilidades corresponden exclusivamente a personal sanitario cualificado, cuya ausencia en los centros educativos es un problema histórico que la Consejería sigue sin abordar«. De hecho, el Principado de Asturias ha elaborado un proyecto de Ley de Salud Escolar y no ha incluido la figura de la enfermera escolar, algo que sectores de la educación y la sanidad vienen reclamando desde hace tiempo.
La cuestiones que los sindicatos docentes suponen que dejar en manos de los profesores algunas de esta funciones «no solo supone un riesgo para la salud del alumnado, sino que carga injustamente al profesorado con tareas para las que no tienen la formación adecuada». Eso, además de las dudas legales que se plantean en caso de que haya algún error o incidente relacionado con la administración de esos fármacos.
La Junta de Personal enlaza esta situación con otras anteriores, en lo que ellos califican de «estrategia de la consejería de utilizar a los docentes como solución improvisada a la falta de recursos humanos. Es inadmisible que, en lugar de dotar a los centros de personal sanitario, se pretenda trasladar funciones específicas y exclusivas de estos profesionales al colectivo docente, comprometiendo la seguridad del alumnado y vulnerando las competencias legales del profesorado«.
Por otro ello, los sindicatos han exigido a la Consejería de Educación la inmediata retirada de dicho protocolo y la contratación de personal sanitario en los centros.
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