Insultos, acoso, agresiones físicas o faltas de respeto: 49 docentes asturianos, víctimas de violencia el pasado curso

Fernández García detalla que lo más común han sido «quince casos de acoso, insultos y falsas acusaciones por parte de las familias; cuatro casos de agresiones físicas hacia docentes; diez de faltas de respeto, insultos, agresiones y amenazas por parte del alumnado; dos de presión para modificar notas y cinco casos de uso de las nuevas tecnologías como herramienta de acoso«. Además, indicó que »solo nueve casos han sido denunciandos ante la Policía o la Guardia Civil y en cuatro de los 49 ha sido necesaria la intervención de un juez«. El presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, advierte de que «son las familias las directas responsables de estas situaciones» y añade que estos datos «son solo la punta del iceberg». Respecto a las nuevas tecnologías, Rodríguez expone que es necesario que exista «una norma básica que regule el uso y el abuso de estas terminales que son desde dispositivos móviles, ordenadores portátiles y tablets».

El sindicato advierte también que 22 de estas denuncias fueron presentadas por funcionarios de carrera, lo que «supone el 5 por ciento del total de los casos frente a un 37 por ciento que son funcionarios interinos», indicó Fernández García.

La mayor parte de las demandas se registraron en centros públicos (44), dos en concertados y uno en enseñanza privada. Dos de los docentes que denunciaron sufrir acoso o violencia no quisieron especificar el centro en el que ejercen su labor.

La responsable de este servicio ha destacado que estas situaciones tienen consecuencias para la salud de los docentes. «El 100 % de los casos presentan cuadros de ansiedad; un docente presenta un estado de depresión; ocho han causado baja médica por culpa de esa situación y se produce un aumento de profesionales que manifiestan querer dejar la profesión, con tres casos».

Tras exponer estos resultados, Fernández García ha reclamado la puesta en marcha de protocolos de actuación para los casos de agresiones al profesorado que sean «ágiles y de aplicación inmediata»; el desarrollo de un Plan de mejora de la convivencia escolar en Asturias; garantizar un plan de seguridad en los centros; la prestación de asistencia psicológica por parte de la administración, el impulso de una campaña de concienciación social dirigida a los padres «sobre su tarea educativa y la colaboración estrecha con el centro educativo».