Un dispositivo privatizado tras desmantelar el Principado la unidad pública del Materno

«La Unidad de Primera Acogida (UPA) se va a ir del Materno. El plan es llevarla al Fundoma, pero todo dependerá de los presupuestos de 2013». Jacinto Braña era director de Políticas Sociales en 2012. Adelantaba él lo que sería el fin de un dispositivo siempre marcado por la polémica. El servicio creado para ser la puerta de entrada a menores al sistema de protección, se convirtió con el cambio de milenio en un dispositivo ocupado por menores extranjeros.

Pasó de acoger a siete en 2000 a 75 solo nueve años después, una situación marcada por el reparto entre todas las comunidades autónomas de los inmigrantes llegados en patera a España a las costas canarias y andaluzas. De atender a menores españoles, tutelados por el Principado ante problemas familiares, los profesionales del Materno se encontraron con grupos de hasta dieciséis extranjeros, con problemas de consumo de drogas y de comunicación, ya que la barrera del idioma parecía difícil de salvar.

El Materno pasó a ser habitual en los titulares de noticias vinculadas con altercados, agresiones y peticiones de ayuda y coordinación desde el comité de empresa. El Principado optó por trasladar la unidad al Fundoma, primero, para sacarla a concurso, para que fueran entidades sin ánimo de lucro quien la gestionaran.

Y fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) que forman la Fundación Cruz de los Ángeles, Trama y el Hogar de San José quien se hizo con el concurso. Entre las tres gestionan el centro de acogida abierto en la parroquia ovetense de Loriana, a cambio de 90,15 euros por plaza y día.

Esa es la cuantía marcada por el acuerdo marco elaborado por en 2016 por la consejería de Servicios y Derechos Sociales, que financia las 14 plazas de alojamiento a menores extranjeros con que cuenta el centro.

Una decisión por la que IU preguntará a Pilar Varela. La diputada de la coalición, Marta Pulgar, cuestionaba ayer si «todo lo ocurrido tendrá algo que ver con la privatización de servicios». Por ese motivo, tras conocer por EL COMERCIO la noticia de que tres empleados de Loriana integraban la red de tráfico de menores marroquíes desmantelada en España, Pulgar presentó varias preguntas para que Varela las responda en el pleno. Lo mismo ha hecho Ciudadanos. Diana Sánchez, se remite al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, «ante la gravedad de los hechos conocidos».

Para Varela, no obstante, lo ocurrido demuestra «lo que ya le dijimos a la anterior ministra, Dolors Montserrat: no es un problema de servicios sociales, sino judicial y policial».