UGT y CC OO discrepan sobre la obligatoriedad de vincular el salario social a un trabajo

De momento, no es más que una idea que todavía tiene que desarrollar el Principado en colaboración con otras fuerzas políticas y los sindicatos, pero los representantes de los trabajadores lo tienen muy claro. Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT-Asturias, recuerda que se trata de una propuesta de su organización sobre la base de «cómo cumplir el objetivo del salario social, que no es otro que la empleabilidad». Explica que primero «habría que identificar los perfiles de los perceptores, porque los hay que seguro pueden trabajar, como pueden ser los parados de larga duración. Está claro que para otros será muy difícil».

Fernández Lanero resalta que se trata de buscar actividades dentro de la llamada economía verde, como la limpieza de orillas de los ríos, «no de su mantenimiento, que eso sería parte del empleo público. Se trata de poner en marcha un proyecto como el Plan Piles que hubo en Gijón hace años». Eso sí, los empleos han de ser de calidad con duración suficiente para que el trabajador pueda tener derecho a cobrar el paro o, en su defecto, a cobrar de nuevo el salario social en el plazo de un mes y no en doce como ocurre ahora cuando acceden a un puesto de trabajo temporal.

Pero Fernández Lanero explica que «lo que se persigue es la empleabilidad». ¿Eso qué quiere decir? En su opinión, que, «si una persona está apta para trabajar, no puede rechazar el trabajo». Además, añade que «una persona no debería poder rechazar el empleo. Ahora sí, porque para recuperar el salario social han de pasar doce meses».

El secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, comparte la filosofía general, porque «vemos como una oportunidad actuar sobre problemas medioambientales a través de un plan de empleo específico. Tenemos que aprovechar los recursos que podamos tener, pero dirigiéndolos a las personas con más dificultades, que se priorice a los perceptores del salario social y con garantía de retorno».

La discrepancia está en que «no compartimos bajo ningún concepto que se cuestione el salario social como derecho subjetivo y se aproveche para abrir el debate de la obligatoriedad. Es un derecho subjetivo que funciona bien, es dinero que va a la economía directa, no al ahorro, y por lo tanto genera actividad económica», explica José Manuel Zapico.

El secretario general de CC OO hace especial referencia a las recientes declaraciones de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, porque «no se puede criminalizar a los perceptores del salario social ni crear una atmósfera negativa. Lo importante es invertir en empleo que favorezca la sostenibilidad medioambiental, con un salario digno de mil euros al mes, pero siempre teniendo a los perceptores del salario social como prioridad y no como una obligatoriedad».

Esta semana está previsto que tengan lugar las primeras reuniones en las que se comience a definir este plan específico de empleo, que debería ser aprobado en el seno de la concertación social.