Belarmina Díaz dirige toda la responsabilidad a la empresa y sus explicaciones no convencen ni a sus socios de Gobierno

El papel de la administración autonómica en relación con la concesión de licencias, el control y seguimiento de la actividad dentro de la mina y su respuesta ante las denuncias que habría recibido por distintas vías el Servicio de Minas en los últimos meses centraron buena parte de las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios, que coinciden en reprochar que no vieron resueltas muchas de ellas.

La consejera dirigió en todo momento la responsabilidad hacia la empresa, asegurando que todos los indicios apuntan a una extracción irregular de carbón, pero también alertando del incumplimiento de la legislación minera y denunciando que hubiera sometido a los trabajadores a unas condiciones laborales impropias de este siglo. Recordó que en las primeras labores de inspección realizadas en el interior de la mina tras el accidente ya se detectaron indicios de irregularidades y detalló que, tras una segunda inspección esta misma semana, se descubrieron «dos huecos posteados» de 18,2 y 24,6 metros de longitud, una altura aproximada de unos 25-30 metros y unos 0,80 metros de anchura. Aunque aún sin poder cuantificar el volumen de carbón que se podía haber extraído de esos huecos, su mera existencia supone para la consejera una prueba clara de lo que allí estaba ocurriendo. «Si los indicios de extracción irregular de carbón se consolidan en las próximas investigaciones, exigiremos que Blue Solving asuma todas las responsabilidades que le correspondan, con toda la fuerza de la ley», garantizó la consejera.

Y es que, tal y como insistió durante toda su comparecencia, la compañía en el momento del accidente no tenía permiso para sacar carbón «de ningún lugar». Ni del piso tercero, donde tuvo lugar la explosión, y donde solo podía recuperar materiales y restos carbonosos ya existentes con fecha límite de este viernes, 11 de abril de 2025. Ni tampoco del piso primero, donde únicamente podría haber realizado labores para extraer carbón vinculadas al Proyecto de Investigación Complementario, pero cuya licencia no estaba activada, tal y como publicó EL COMERCIO. «No podría sacar carbón de ningún lugar de las 600 hectáreas, que equivalen a 833 campos de El Molinón, que ocupa toda la extensión de los derechos mineros de la que goza Blue Solving», llegó a decir la consejera, que también puso el foco en las pésimas condiciones en las que se estaba trabajando en este yacimiento. «Ni en el peor de los chamizos», denunció.

Sin embargo, sus argumentos no convencieron en absoluto a los grupos parlamentarios, que entienden que además de las responsabilidades penales que puedan derivarse del accidente, el Principado debe responder ante posibles responsabilidades políticas y explicar cómo esta empresa, vinculada a otras ya sancionadas por extraer carbón en esta misma mina, pudo haber recibido luz verde por parte de la consejería para trabajar en esta mina en tiempo record y cómo esta presunta actividad ilegal que ahora parece evidente no se detectó a través de las oportunas inspecciones técnicas. Díaz respondió por un lado que las «transmisiones de los derechos de las minas vienen avaladas por las escrituras» y, aunque reconoció haberse reunido con representantes de Blue Solving, negó que conociera personalmente al administrador ni tampoco a su progenitora, administradora de la empresa ya sancionada. Además, incidió en que «ninguna de las inspecciones realizadas desde mediados del año 2022 reflejaron actividad alguna fuera de la legalidad en el tercer piso, ni incumplimientos graves en materia de seguridad», ya que «de haber existido una sola señal, una sola alerta, en los informes recibidos, el Servicio de Minas habría actuado de inmediato».

Las evasivas a muchas de las preguntas generaron malestar entre los grupos, que tildaron su comparecencia de «falta de respeto» a la Cámara. Muy dura fue la respuesta de los socios de Gobierno, IU-Convocatoria por Asturias. La diputada Delia Campomanes calificó la comparecencia de «fallida» mientras fuentes de esta formación subían el tono abriendo incluso la puerta a apoyar una comisión de investigación. También la diputada Covadonga Tomé, cuyo voto podría ser clave para una comisión de investigación al margen de la decisión final de IU, calificó la intervención de la consejera de «decepcionante».

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, pidió incluso su dimisión o el cese inmediato tras una comparecencia «inaceptable» que, dijo, arroja más dudas de las que ya había y que lo único que deja claro es que «en Asturias la actividad minera es una actividad sin ley», exigiendo a Adrián Barbón que «se he que hacerse cargo de la situación». Gonzalo Centeno, diputado de Vox, entiende que se está ante un caso de «negligencia culposa» y lamenta que, en lugar de «pedir perdón e irse a su casa», con su actitud la consejera «se ha rebajado a convertirse en un Mazón cualquiera», en referencia al presidente valenciano por su actuación en la Dana. Y Adrián Pumares, de Foro, se refirió a lo ocurrido como «escandaloso».