chelo tuya
Lunes, 31 de diciembre 2018, 01:52
Diez asturianos se convirtieron, cada día de 2018, en beneficiarios del salario social. Al menos, en los diez primeros meses, última estadística oficial publicada por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. De enero a octubre, el equipo que dirige la socialista ... Pilar Varela autorizó 2.962 altas en una prestación a la que tienen derecho todas las personas con ingresos inferiores a los 430 euros al mes. Y que ya cobran 22.579 asturianos.
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Una cifra muy inferior a la real de beneficiarios. Los técnicos del Principado calculan que de cada nómina viven 2,2 personas, con lo que, en estos momentos, el salario social es el sustento de 49.673 personas. Más que habitantes tienen Langreo o Mieres. Casi tantos como la población de Siero.
Un volumen récord para una paga que batirá todas sus marcas en 2018. Cerrará el año con más de 23.000 nóminas pagadas, si la Consejería de Servicios y Derechos Sociales resuelve el atasco de 1.162 peticiones que, a fecha 26 de noviembre, tenía sin responder. Algunas, desde el 8 de agosto, según reconoce la propia consejería.
Eso significará que se superarán, con mucho, los 104,1 millones pagados en los diez primeros meses del año en una prestación que arrancó en Asturias en diciembre de 2005 y que nunca había tenido tantos perceptores. De hecho, en su primer año completo, 2006, solo se pagaron 4.317 nóminas, con un total de 10,5 millones.
Doce años después, la situación es muy diferente. A los casi 23.000 beneficiarios hay que apuntar la cifra que prevé pagar el Principado en 2019: tiene presupuestados 124 millones. Porque no solo acumula 1.162 peticiones sin atender, sino que recibe cada mes más de 300 nuevas demandas y tiene aún por resolver 6.000 revisiones.
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Aunque la consejera, la socialista Pilar Varela, siempre ha defendido que un caso en revisión no significa que el solicitante esté desatendido, los profesionales de Trabajo Social insisten en que siempre son personas que están «percibiendo una cantidad inferior a la que tienen derecho». El ejemplo habitual es el de una familia con un recién nacido que no figura en la nómina.
Sin más derechos
Además de acabar el año sin colapso en la prestación, el objetivo del Principado era ampliar los derechos de los beneficiarios, con la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Un compromiso con IU para la investidura de Javier Fernández como presidente del Ejecutivo autonómico, pero que aún no ha llegado a la Junta.
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El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes el anteproyecto de ley, pero los tiempos de la legislatura, que concluye en marzo ante la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas para mayo de 2019, hace muy difícil que pueda salir adelante. Prevé ese texto legal que los beneficiarios del salario social sean, además, beneficiarios de más prestaciones, como vivienda pública. Las entidades sociales asturianas se sumaron a esa petición, al entender que no es aceptable que 178.031 asturianos vivan en la pobreza. 57.000 de ellos, con menos de 355 euros al mes.
«No es suficiente el esfuerzo», critica Trabajo Social
«El Principado debe garantizar los derechos sociales. Entendemos que aún no es suficiente el esfuerzo que se está haciendo». Verónica Argüelles, vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA) reitera el mensaje que el órgano colegial envía con respecto al salario social: es una prestación necesaria, pero debe ser ampliada y agilizada. Argüelles explica que «son las personas más frágiles de la sociedad las que viven las consecuencias finales de la gestión política y administrativa». COTSA ha sido muy crítico con la carga de casos por cada profesional de trabajo social, que llegan a situaciones como la de Oviedo, con 11.000 expedientes por persona.
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