Uno de cada diez hogares asegura que pasa frío

Estas aproximaciones son fruto de la respuesta de más de dos mil encuestados. Pero no hay que perder de vista que ni Asturias ni España disponen de un observatorio de pobreza energética. «Los datos siempre son estimaciones, lo que ya refleja una falta de sensibilidad a la hora de atender este problema social», alerta el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso.

Según Eurostat, la oficina de estadística de la UE, entre 50 y 125 millones de europeos tienen problemas económicos para mantener sus hogares calientes, entendiendo que la temperatura adecuada para evitar complicaciones de salud oscila entre los 18 y los 21 grados. En el decreto ley aprobado el pasado mes de octubre para regular el bono social, el propio Gobierno cifra en 4,5 millones a los españoles en situación de pobreza energética. En el Principado, confirma Alonso, se calcula que afecta a aproximadamente «el 10% de la población» o, lo que es lo mismo, a más de cien mil asturianos.

La Organización Mundial de la Salud estudia la mortalidad adicional en los meses de invierno, asociada a la dificultad de mantener la vivienda con la temperatura necesaria. «En España, atribuye más de 7.000 muertes a la incapacidad de mantener su casa caliente». Seis veces más que los 1.180 fallecidos en 2018 en accidentes de tráfico, según desveló esta misma semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y aún así, denuncia la UCE, «permanecen invisibles».

Al abordar las causas, Dacio Alonso señala que los españoles pagan un 140% más cara la electricidad que el promedio de la Unión Europea. Un 123%, en el caso del gas. No son los únicos datos significativos. En los últimos diez años, la tarifa eléctrica del país ha crecido en torno al 85%. De 2009 a 2017, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el beneficio neto de las eléctricas ascendió a 50.000 millones de euros. En ese mismo periodo, que incluye los años más cruentos de la crisis, se cortó el suministro eléctrico por impago a más de ocho millones de hogares en el país. Las dificultades para pagar no extrañan si se tiene en cuenta que los hogares dedican el 11% de sus ingresos a pagar la factura eléctrica.

La única medida «real» puesta en marcha hasta el momento para atajar el problema, denuncia Alonso, es el bono social, que descuenta un 25% a los consumidores vulnerables (cobran menos de 11.279 euros al año) y a los vulnerables severos (ingresan la mitad que los anteriores). Pero en Asturias, «con el decreto de octubre, unos 15.000 hogares perdieron el derecho a obtenerlo». Y «ni el Principado ni el Ayuntamiento se gastaron un euro en una campaña informativa. Nosotros sí lo hicimos y por ello 3.000 hogares lo consiguieron», se felicita Alonso. Hoy por hoy, se benefician del bono entre 28 y 30.000 familias del Principado.