«Por desgracia, se está volviendo habitual que los presupuestos municipales sean prorrogados»

La Sindicatura de Cuentas del Principado tiene como ámbito de actuación el sector público autonómico, lo que incluye también a los ayuntamientos, la universidad y las entidades y empresas públicas dependientes de todas estas instituciones. A todos les toca rendir cuentas ante la sindicatura y ante el Tribunal de Cuentas. «Nos coordinamos entre los dos órganos de tal forma que cada uno tiene una fiscalización diferente», explicó el síndico mayor de la institución, Roberto Fernández Llera, ayer, en una entrevista con Juan Neira en el programa La Lupa.

En su caso su labor es sometida a examen ante la Junta. «Es quien elige a los síndicos y donde comparezco cuando soy llamado para rendir cuentas», dijo.

Roberto Fernández Llera explica que su informe sobre 2020 tiene en cuenta que «en ese año todo fue excepcional, especialmente para las consejerías de Salud y de Derechos Sociales». Se puso la lupa y, por ello, se han detectado incorrecciones.

Explica que ese ejercicio tuvo muchas modificaciones presupuestarias, aunque ninguna fue por dinero que pusiera el Principado. «De todas esas modificaciones ninguna tuvo como origen al Gobierno regional ya que vinieron del Estado y a cargo del fondo covid que aprobó el Ejecutivo central». Puso como ejemplo que es una situación diferente que se pase de gastar en carreteras para hacerlo en salud; lo de 2020 fue un caso de financiación fue extraordinaria y procedente del fondo covid.

El síndico reconoce el «esfuerzo extraordinario» para dar apoyo financiero a las comunidades autónomas y las entidades locales durante todo ese periodo». Se hizo a través de ese fondo covid, pero «también a través de mecanismos de financiación autonómica, como las entregas a cuenta, que se decidió que no fuesen devueltas, pasando a formar parte de la propia financiación ordinaria».

El síndico mayor subrayó que «somos muy exigentes con los plazos» y señaló que, en muchos casos, «los incumplimientos no son excepcionales, sino sistemáticos». En el caso del último informe -el referente a 2020- «siete consejerías han presentado sus cuentas fuera de plazo». Aunque en ese ejercicio se entiende lo excepcional de la situación, recuerda que se puede llegar al extremo de establecer multas coercitivas que devengan un importe a su máximo responsable o bien la publicación de la lista de incumplidores. «En ocasiones se hacen informes específicos para quien no rinda cuentas y para que no se olvide de nosotros».

De ese informe de 2020 quedan de manifiesto también los incumplimientos del Museo de Bellas Artes de Asturias y la OSPA, entre otros. En estos casos no se cumplió con la obligación de remisión de contratos a la Sindicatura de Cuentas.

Roberto Fernández Llera explicó durante la entrevista que el contrato de emergencia es legal, «está previsto en la ley» y responde a «situaciones sobrevenidas a resolver». Lo que ha sucedido este año, según argumentó, es que «si la emergencia es duradera lo que tiene que hacer un gestor es plantearse qué mecanismos son los que hay que utilizar». Y puso como ejemplo la compra de mascarillas. «En aquellos tres meses iniciales todo fue excepcional y desconocido para todo el mundo». En este sentido dijo que, en la primera ola de la pandemia, eran normales esos contratos de emergencia por una causa sobrevenida y ante la que no había existencias, pero cuestionó que, llegada la cuarta, quinta o sexta ola, se pueda seguir acudiendo a contratos de emergencia para comprar más mascarillas. «No entramos en cuestiones de oportunismo o si son conductas delictivas, porque eso es otro asunto», dijo. De esos contratos de emergencia reconoció que son útiles en esos momentos excepcionales, pero son menos garantistas.

El informe local de la Sindicatura de Cuentas del Principado abarca tanto a los 78 concejos como a las 39 parroquias rurales y las 15 mancomunidades. Junto a ellas, las fundaciones y empresas públicas dependientes. Si en el caso autonómico esto equivale a auditar 6.000 millones, en este terreno son 1.000 millones. Destacó el cumplimento de las parroquias rurales, que siempre entregan en tiempo y forma. También que se ha dado la vuelta a los municipios: «Hace años solo lo presentaban 20, y en 2020 fue al revés, faltaron 20». Y criticó a las mancomunidades, que ninguna facilitó sus cuentas. «Es un agujero negro, son las que peor rinden; algunas no tienen actividad y les hemos dicho que procedan a reactivarse o a disolverse».

Pero sobre los ayuntamientos hay más historia. Si bien Roberto Fernández Llera celebra que se haya avanzado en la rendición de cuentas, critica que solo 8 de los 78 presentaron sus presupuestos locales antes del 31 de diciembre. Si no se hace, se entra en prórroga automática, «que es un mecanismo legal para una situación excepcional que no puede ser lo habitual. Desgraciadamente, lo está siendo».

El síndico mayor dijo que, además, la prórroga excepcional puede ser de un mes o dos, «pero nos estamos encontrando de 11 meses o de varios años». La situación le parece flagrante en Pesoz «donde se han aprobado presupuestos con el ejercicio cumplido, lo que es nulo de pleno derecho».

Preguntado por el hecho de que Mieres, donde hay mayoría absoluta, no tuviera presupuesto, Roberto Fernández Llera dijo que en muchos casos la cuestión no es el Pleno que tiene que aprobarlo sino «las fases previas de elaboración, la preparación interna y un equipo técnico». Por ello, añade, «hay hitos que hay que ir cumpliendo para que ninguna pieza desencaje».

Aquí es donde entran también la falta de interventores. «Si un alcalde es consciente, y ya es una vacante prolongada tendría que formalizar una petición al Principado para que trate de cubrir ese puesto» con un funcionario estable».