Derechos Sociales vincula las fugas en los centros tutelados a la «desprotección» sufrida en el entorno familiar

Del Arco se manifestó esta mañana en estos términos en la Junta General en relación a la polémica generada en torno a las fugas de los centros de menores después de que EL COMERCIO publicara el caso de una chica que, tras escaparse del equipamiento en el que residía bajo tutela del Principado, fue víctima de supuestos abusos sexuales. La consejera defendió una vez más el sistema de protección de menores que existe en la región, subrayando que el Principado es una «comunidad pionera» porque todos los centros, tanto propios como de titularidad privada y concertados, trabajan con el mismo modelo, con el mismo sistema, con las mismas formaciones y con las mismas directrices. Igualmente, recordó que se trata de equipamientos abiertos en los que «no existe motivo alguno para que a un menor, que es víctima de situaciones de desprotección, se le pueda privar de libertad», con la excepción del centro de Miraflores al que se ingresa por orden judicial y en que se puede privar de libertad en situaciones muy concretas con el visto bueno de la autoridad judicial y por un tiempo no superior a un mes.

 Del Arco reconoció la existencia de fugas y, aunque aseguró que se trata de «poquísimos casos», admitió que es una cuestión que preocupa tanto al ministerio como a la consejería, puesto que afecta a menores «tremendamente vulnerables». En respuesta a las preguntas de la oposición, la consejera explicó que existe un protocolo de intervención en estos casos, pero aclaró que nunca se responde «ni con la contención ni con el castigo». Puso por contra en valor el papel de los profesionales educadores que trabajan en estos centros y buscan acabar con este tipo de conductas «desde el vínculo y el reconocimiento de la autoridad», aunque se trata de un proceso complicado y de medio y largo plazo.

Tras las oportunas explicaciones, la diputada popular Beatriz Polledo lamentó que la gestión de estos centros esté «en entredicho» y advirtió de que eso «hipoteca el futuro de estos jóvenes, perturba también a las familias y genera situaciones de desamparo absoluto y muy graves, como hemos visto y hemos sabido en las últimas semanas». También Sara Álvarez Rouco, de Vox, recriminó que mientras la consejera hace un «balance positivo» del funcionamiento de estos centros, las familias se quejan e incluso interponen denuncias contra el Principado. Para la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé es necesario trabajar con mayor intensidad en la «prevención» y también recomendó a la consejera revisar los recursos de personal y material, porque aunque para los gestores «pueden resultar suficientes, los trabajadores no tienen la misma percepción». Por su parte, tanto el PSOE como IU-Convocatoria por Asturias agradecieron las explicaciones de la consejera y lamentaron la «obsesión» sobre este asunto por parte de Vox, grupo proponente de esta comparecencia, al que afearon que lo utilizara como «arma arrojadiza».

Por otra parte, a consejera anunció también en la comisión de Derechos Sociales que el Gobierno de Asturias invertirá 38 millones hasta 2026 para transformar el modelo de cuidados de larga duración. La inversión se hará con cargo a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El objetivo, dijo, será impulsar la transición hacia un modelo centrado en la promoción de la autonomía de las personas, con la finalidad de que tengan «una mayor capacidad de decisión sobre sus propios cuidados y su proyecto de vida».