Las demoras sanitarias «afectan» a las peticiones de incapacidad laboral

Una de cada cuatro solicitudes de pensión por incapacidad laboral permanente se pierde en Asturias como consecuencia de la lista de espera que acumula la sanidad pública. Es la conclusión a la que ha llegado la Fundación Ampararte tras analizar más de un centenar de casos reales evaluados por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

«El problema de las listas de espera afecta directamente a las personas que padecen alguna dolencia que les incapacita para trabajar en mayor o menor grado», asevera esta entidad sin ánimo de lucro, que enfoca su actividad hacia el sector de la salud y presta especial atención a quienes se ven limitados en su desarrollo profesional. «La situación para muchos de ellos es injusta e insostenible», denuncia la Fundación que preside María Teresa Menéndez.

Según el estudio que acaba de hacerse público, el Equipo de Valoración del Instituto de la Seguridad Social desestima un 98% de las solicitudes por vía administrativa, lo que lleva a muchos afectados a tener que recurrir al ámbito judicial, donde se rechazan el 25% de los procedimientos que se inician. «Los tribunales entienden», recoge la Fundación Ampararte en su estudio, que «no se agotaron las posibilidades terapéuticas, es decir, transcurre el plazo máximo de un año y medio que la ley concede para una baja médica, consecuencia directa de la demora en la atención sanitaria».

Asturias cerró 2022 con 99.536 pacientes a la espera de una primera consulta con un especialista y 48.000, pendientes de una prueba diagnóstica. «Son cifras muy preocupantes», sentencian desde Ampararte, que se dedica a generar conocimiento social sobre las limitaciones de salud. «Y más de 14.000 asturianos están pendientes de una valoración de discapacidad con retrasos que superan los 24 meses, lo que provoca situaciones muy complicadas», apostilla la Fundación, que en su estudio de las pensiones por incapacidad que se deniegan en Asturias da visibilidad a un poblema que «hay que atender», porque están en juego «los derechos» de quienes padecen algún tipo de limitación para trabajar.