Las defensas anuncian que recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo

LexNET, la plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y un gran abanico de operadores jurídicos, sufrió, en la mañana de ayer, una serie de ciberataques que afectaron temporalmente el acceso al sistema. Los abogados del caso Renedo desconocen si esta fue la razón de que la Audiencia Provincial no les enviara el texto de la sentencia completo, sino solo el fallo. Algunos ya apuntaban que la capacidad de LexNET era limitada para albergar un volumen de tal calibre, estimado en unos mil folios. Sea como fuere, a los letrados de la defensa les bastó conocer el fallo para anunciar su intención de recurrir.

La abogada de María Jesús Otero, Ana María Muñiz, expresó su malestar por no tener el texto íntegro de la sentencia en la mano. «Es inaudito, nunca me había pasado algo así. Estamos sorprendidos porque no nos da tiempo a indignarnos. ¿De verdad que en un mes no han tenido tiempo a pensar que esto no entraba por LexNET?», indicó. Con el conocimiento de la condena, evitó hacer más valoración y solo apuntó a decir que, «a priori», recurrirán.

«No podemos conformarnos con esta sentencia porque nosotros seguimos predicando la inocencia de mi cliente», subrayó Javier Díaz Dapena, abogado de Alfonso Carlos Sánchez, el empresario que heredó de su padre la dirección de Almacenes Pumarín S. A. (APSA). «El fallo está en la línea de lo que esperábamos. Aunque hay cierta rebaja, la satisfacción no se producirá hasta que lo resuelva el Supremo. Presentaremos recurso de casación seguro», subrayó Miguel Valdés-Hevia, abogado de Víctor Muñiz, exgerente de Igrafo.

Aunque la pena quedó reducida de cuatro a un año y nueve meses, el abogado de Maximino Fernández, Juan Muñiz, destacó que el gerente de ASAC Comunicaciones «no era merecedor de reproche penal alguno porque se vio obligado a facturar con un concepto diferente, pero el servicio se prestó». Para Alberto García, abogado de Antonio Azorín, el gerente de Nora Proyectos e Ingeniería, está clara la decisión de recurrir ante el Supremo para lograr la libre absolución. No obstante, valora «la rebaja que el tribunal ha apreciado respecto a las penas de las acusaciones y que no haya fijado una cantidad en materia de responsabilidad civil».

Por el contrario, Luis Tuero, abogado de los funcionarios Isaac Ovies, Paz Pendás y José Villa, sí se mostró plenamente satisfecho. «Estamos contentos. Era lo que esperábamos desde el primer día porque es un tema político de Podemos. Mis clientes han sufrido en su carnes un proceso mediático importantísimo, pero se ha demostrado que eran inocentes», indicó. De hecho, estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra Podemos.

Entre las acusaciones, había distintos pareceres. El abogado del Partido Progresista de Belmonte, Fernando de Barutell, anunció que no recurrirá. «Estamos satisfechos porque las condenas son las que pedíamos, dentro de una horquilla razonable», puntualizó. Respecto a la falta de la sentencia completa, también era un hecho inédito para él.

Alberto Suárez, que ejercía la acusación en representación de Podemos, justificó que era necesario «estudiar las motivaciones expuestas en los fundamentos de derecho; entonces podremos hacer una valoración más detenida y rigurosa». El tribunal absolvió a los funcionarios contra los que mantuvo su acusación la formación morada.