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El Principado no pagó uno sino tres informes sobre la oficialidad del asturiano. Al ya conocido que evalúa el impacto, tanto económico como en creación de empleo, se suman los encargados a la UNED y al miembro de la Academia de la Llingua Asturiana, ... Nicolás Bartolomé Pérez, con unos costes de 3.993 y 5.929 euros, respectivamente.
Según se concluye del informe técnico solicitado a la UNED, y a cuyo texto completo ha tenido acceso EL COMERCIO, el Gobierno regional «resulta competente para regular las especialidades docentes del asturiano y gallego-asturiano, pues cuenta con las competencias de desarrollo legislativo en las materias de educación y función pública, además de la competencia exclusiva para el fomento y protección de la lengua asturiana y el gallego-asturiano».
En otras palabras, al igual que a día de hoy existen oposiciones para las especialidades de matemáticas o literatura, también la habría de asturiano. La docencia ya existe actualmente, pero lo que hasta ahora se había puesto en cuestión es si el Principado tiene competencias para avalar esa especialidad en un proceso. De hecho, esta fue una de las batallas que mantuvo el exconsejero de Educación, Jenaro Alonso, en la legislatura de Javier Fernández, con el ministerio. No tuvo éxito. Le dejaron claro que ese asunto tenía que venir determinado desde Madrid. Ahora, con o sin oficialidad, este estudio encargado por la Consejería de Cultura, recalca que «las especialidades docentes que se creen tendrán, en el ámbito del Principado, la misma validez y los mismos efectos que las demás especialidades docentes existentes, con independencia de que hayan sido creadas por norma estatal o autonómica».
Este análisis se empezó a redactar el 12 de marzo de 2021, hace casi un año, sin que, al igual que sucediera con el que analiza el impacto económico de la oficialidad, haya salido de los despachos de la Consejería de Cultura y Política Llingüística. Tampoco consta que se haya llevado al Consejo Asesor. En este caso, no fue solicitado por el PP, como el conocido hasta la fecha, pero el martes la diputada popular Gloria García registró una solicitud en la Junta para que el Ejecutivo remita «todos los estudios de que disponga la Consejería de Educación relativos a la implantación de la oficialidad del asturiano y del eonaviego y sus consecuencias en la educación asturiana».
El hecho de que la inclusión de la oficialidad no afecte a la especialidad docente, se deduce del octavo punto de conclusiones del informe elaborado por la UNED: «Si en el futuro se modificara el Estatuto de autonomía y se incorporara la declaración de oficialidad de la lengua asturiana y del gallego-asturiano, las especialidades docentes que se hubieran establecido previamente conservarían toda su validez y utilidad sin necesidad de adaptación alguna, pues el estatuto de oficialidad de una lengua autonómica ampara 'a fortiori' la creación de especialidades docentes».
La duda surge con todos aquellos maestros que ya han impartido la docencia de asturiano estos años, dado que ya está presente en las escuelas a pesar de que la especialidad no esté avalada. En este sentido, se apuesta porque sea un «mérito destacado» en el procedimiento de acceso a la función pública que se convoque en el futuro. Lo que preguntaba el Gobierno en este informe vino avalado después -en octubre pasado- por una Proposición No de Ley que sacó adelante Unidas Podemos en el Congreso por la que se insta al Gobierno de coalición a reconocer y crear la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura. De momento, Moncloa no ha movido ficha al respecto.
El tercero de los informes, encargado el 11 de noviembre, con un coste de 5.929 euros, es un estudio jurídico sobre la normativa, jurisprudencia y bibliografía sobre el uso del asturiano y gallego-asturiano. En las 1.043 páginas de la que se compone este documento, en disposición de EL COMERCIO, se suceden los artículos y textos donde se hace referencia a lenguas oficiales o, en el caso de la Unión Europea, minoritarias.
El informe, que no consta de índice, tiene, por ejemplo, pegados el artículo 4 de la Constitución, la Ley de Uso, o los planes de normalización aprobados en varios municipios asturianos. Resulta llamativo que en ese millar de páginas no figura ni una sola vez el término 'eonaviego' sino que siempre de habla de gallego-asturiano.
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