El presidente de Asla defiende la permuta urbanística de Lena porque crea empleo

Confiado en la justicia. Así se mostró el presidente ejecutivo de Asturiana de Laminados, Macario Fernández, quien, como desveló EL COMERCIO, declaró en el juzgado en calidad de investigado por una operación urbanística con el Ayuntamiento de Lena. El empresario, cuya compañía se dedica a la fabricación de laminados de zinc para la construcción, afirmó textualmente que espera que el juez «haga su trabajo» y no quiso hacer más declaraciones hasta que haya una resolución al respecto. «Cuando haya sentencia hablaré», dijo, pero lo cierto es que todavía no se ha abierto juicio oral. De lo que sí se quejó es de «quienes no nos dejan trabajar y crear empleo en la zona», en referencia al anónimo que inició la causa.

En la misma calidad de investigados dentro del proceso judicial se encuentran la alcaldesa del municipio, Gema Álvarez (IU); el arquitecto municipal y los dos peritos que hicieron la valoración de la parcela objeto de la permuta. La Fiscalía apreció la comisión de dos posibles delitos, prevaricación y malversación, en este cambio de terrenos entre el Ayuntamiento de Lena y la empresa Asturiana de Laminados. Con esta actuación, el Consistorio lograba la superficie de La Ería que precisaba para la construcción del nuevo centro de salud de Pola -tras su cesión al Principado- y la sociedad obtenía los terrenos del polígono de Villallana necesarios para ampliar sus instalaciones.

Macario Fernández recordó que el proyecto de ampliación de la factoría para el que necesitaba el terreno del polígono de Villallana ha sufrido muchos retrasos por problemas administrativos, lo que hizo peligrar la inversión en el concejo. Ahora, explicó, se están realizando las pruebas previas al inicio de la producción de la nueva línea de producto, para la que ya se han creado nuevos empleos. «Solo espero empezar a producir y que nos dejen en paz».

La alcaldesa de Lena aseguró estar «muy tranquila» ya que, afirmó, la operación se realizó con los informes favorables de la secretaria municipal y del arquitecto. «Se trata de una más de las denuncias que se interpusieron con anónimos y que una a una han sido archivadas por la justicia», manifestó, apuntando a una clara motivación política, motivo que también sopesa Macario Fernández.

El ministerio público estima que pudo haber un perjuicio patrimonial presuntamente causado al Ayuntamiento al haberse incrementado el precio del suelo de La Ería e infravalorado el de Villallana arbitrariamente, a través de una tasación privada encargada a posteriori y al objeto de eludir la subasta pública. La Fiscalía presentó la correspondiente denuncia por la comisión de un posible delito de malversación de fondos públicos y prevaricación.