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El Pleno del Ayuntamiento de Morcín, por unanimidad de todos los grupos (Izquierda Unida, PSOE y PP), rechaza sin fisuras un cambio sustancial de uso de los montes comunales del concejo. El Principado ha iniciado, a petición de seis vecinos del municipio, la modificación de ... uso de los montes de titularidad pública (del Consistorio), lo que para la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA) «supone en la práctica privatización de esta superficie», declara su portavoz, Joaquín Arce. En el expediente, explican fuentes municipales, «se formaliza solicitud de clasificación como 'vecinal de mano común' –así se denomina– de nada más y nada menos que de todos los montes de dominio público del Ayuntamiento». Afecta a 1.712 hectáreas, el 35% del territorio del concejo, «que viene siendo objeto de uso, tránsito y aprovechamiento público desde tiempo inmemorial; es un atentado contra el patrimonio común de todos los morciniegos».
¿En qué afectaría el cambio que tramita el Principado a petición de un grupo de vecinos? «Se modificaría su uso; si ahora hay un monte para el ganado, los nuevos gestores podrían pedir un alquiler o cerrar los caminos de uso público; se podría hasta cerrar el Montsacro», alerta Arce.
«Es de destacar que de los seis firmantes ninguno pertenece a las parroquias de La Piñera, Peñerudes, Santa Eulalia y Argame, que son cuatro del total de siete que tiene el concejo», se alega en el escrito aprobado por el Ayuntamiento. El Pleno lo tiene claro y destaca que «ocho kilómetros cuadrados de territorio de Morcín pasarían de la noche a la mañana de manos públicas a manos privadas. Se pretende privatizar, nada mas y nada menos que el 35% de la superficie del municipio que hasta ahora viene siendo de uso y disfrute público; de uso y disfrute del común de los vecinos y de cualquier persona que se acerque al concejo a disfrutar de la cultura, el paisaje, las vistas, la historia y su naturaleza».
La Corporación entiende que esta iniciativa «solo consigue generar confrontación y crispación que no existe actualmente ni en la gestión de esta superficie salvo por la irresponsable actitud de personas concretas».
«Crea riqueza y fija población»
Javier Pérez García es el abogado del despacho Calixto Escáriz que tramita esta petición. Él lo tiene claro: «Esto se trata de devolver estas propiedades a sus legímos dueños, a los vecinos». Explica que la fórmula de gestión privada a través de juntas de pueblo es muy común en lugares como Galicia. «Que la titularidad pase a ser privada en manos de una junta no quiere decir que vayan a cambiar los usos; lo único es que el rendimiento se tiene que revertir en la zona, lo que fija población y crea riqueza».
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