Hunosa avanza en su proyecto para descarbonizar la central de La Pereda, en Mieres

Hunosa, propietaria de la térmica, destaca el impacto socioeconómico del proyecto, así como el mantenimiento de los empleos actuales, 73, y la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo impulsando el sector de la gestión forestal. El plan estima en 200 los nuevos puestos de trabajo que se pueden generar con el funcionamiento de la central hacia un modelo más sostenible. Además, garantiza la viabilidad de la principal fuente de ingresos de la hullera -la producción de energía eléctrica- y es un gran paso en el papel que se pretende asumir en la transición justa.

Un cambio que, sin embargo, desde su planteamiento ha chocado con la oposición frontal de la Coordinadora Ecoloxista. Su portavoz, Fructuoso Pontigo, apuntaba ayer que, «con la publicación en el BOPA, el Principado está facilitando que Hunosa convierta La Pereda en una incineradora de residuos». En este sentido, sostiene que, de llevarse a término el proyecto, «será peligroso para la salud y para el medio ambiente por sus emisiones contaminantes por el uso de combustible sólido recuperado (CSR)».

Hunosa, que no ve reales dichas críticas, explica que «si opcionalmente pudiera utilizarse CSR será en un porcentaje reducido», tal y como se recoge en el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias. Y añade que el combustible sólido recuperado, procedente de una planta de tratamiento mecánico-biológico, «se compone de una mezcla de residuos de carácter no peligroso, lo que garantiza que no se emitan sustancias peligrosas perjudiciales para la salud». Además, insiste en que para ser considerado CSR debe contar con un proceso de preparación y tratamiento previo de los residuos y cumplir con unos exigentes criterios basados en un estándar específico. «En todo caso, tanto la legislación medioambiental como las exigencias de Hunosa garantizarán que el CSR que en su caso pudiera ser utilizado se verá sometido a los controles más rigurosos», remarcan desde Hunosa.

Las modificaciones técnicas del proyecto incluyen la adaptación de la caldera para funcionar con el 100% de biomasa forestal. Además, los cambios permitirían el consumo de una cantidad limitada de CSR, un máximo del 25%, porcentaje que puede verse reducido por la actual legislación eléctrica, «dejándolo en niveles sensiblemente más bajos». Asimismo, parte de la inversión -de cerca de 41 millones- se destinará a reformar los sistemas de eliminación de «sustancias que pudieran ser nocivas para el medio ambiente y, por supuesto, para las personas», apostillan.