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ALEJANDRO FUENTE
MIERES.
Miércoles, 16 de marzo 2022, 01:11
Ocurrió el 1 de febrero de 2021. El guardia civil Ángel Antonio 'Tono' Ambrosio, de 47 años, fallecía en acto de servicio. Participaba en un operativo de control de movilidad en la autovía minera (la AS-I) en Mieres. Fue un suceso que conmocionó a este concejo, de donde era natural. Ahora, la Fiscalía del Principado ya tiene listo su escrito de acusación, y solicita una pena de un año y tres meses de prisión para el conductor de una furgoneta de reparto que lo arrolló. Está acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.
Según el escrito de la Fiscalía, sobre las seis de la tarde del citado día, el acusado (1972), que trabajaba en aquella fecha como repartidor de paquetería para una empresa dedicada a la venta de complementos médicos metálicos, inició un viaje en Gijón para llevar mercancía a Madrid; conducía la furgoneta que era alquilada. Al llegar a la autovía, sobre las 18.25 horas, atravesó un túnel, momento en el que comenzó a buscar una emisora de radio, tal y como ya informó EL COMERCIO. Al no tratarse del vehículo que conducía habitualmente, invirtió más tiempo del acostumbrado en encontrar el dial que quería, instante en el que apartó la vista de la carretera, «prescindiendo de la atención mínima imprescindible para la conducción».
Por ello no se percató con la debida antelación de que, a la salida de ese túnel, había establecido un control de la Guardia Civil, perfectamente señalizado.
En el momento en el que salió del túnel la furgoneta conducida por el acusado, los agentes se encontraban junto a otro turismo, al que habían detenido en el control. «No lo vio con la suficiente antelación como para frenar y aminorar la velocidad para evitar estrellarse contra los vehículos que estaban detenidos y realizó una maniobra de evitación, desviándose por el arcén derecho de la calzada».
No obstante, en el arcén se encontraba el agente que falleció, el cual, ante el impacto de la furgoneta, que en ese momento rodaba una velocidad estimada de 85 kilómetros por hora, salió despedido por el aire, para luego caer sobre el parabrisas del propio vehículo y terminar atrapado en sus bajos.
Tras arrollar a este guardia civil, el vehículo que conducía el acusado colisionó con el todoterreno oficial modelo Toyota Land Cruiser. «Con la violencia del impacto, giró en su posición 180 grados, alcanzando a su vez a otro efectivo, que salió proyectado hacia el arcén izquierdo de la vía». Sufrió lesiones que tardaron en curar 51 días.
La furgoneta siguió avanzando por la inercia de la velocidad que llevaba y atropelló a un tercer agente, para finalmente impactar contra el turismo que había sido parado por los guardias civiles en el control y cuyo conductor se hallaba en su interior. Resultó herido y necesitó de 57 días de curas.
Además de la pena de prisión, el ministerio público pide la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante cuatro años; y multa de doce meses, con una cuota diaria de 8 euros. En concepto de responsabilidad civil, se solicita que el acusado abone las siguientes indemnizaciones: a la pareja del guardia civil fallecido, 132.861,35 euros; cada uno de sus padres, 42.141,90 euros; su único hermano, 19.754,01 euros; a uno de los agentes heridos, 2.098,68 euros por los días de perjuicio personal y 793,47 euros por secuelas; al segundo de los efectivos, 2.288,34 euros, por los días de perjuicio personal y 1.639,45 euros por la secuela; la Dirección General de la Guardia Civil, 27.263,13 euros; y al conductor de coche que estaba detenido en la calzada, 2.228,11 euros por la reparación del vehículo que resultó dañado.
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