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A. FUENTE
RIOSA.
Sábado, 24 de noviembre 2018, 00:45
La alcaldesa de Riosa, Ana Díaz (Izquierda Unida), informó ayer de que la Fiscalía del Principado ha abierto diligencias por presuntas irregularidades, cometidas en mandatos anteriores con equipos de gobierno socialistas, en relación con la adquisición de los suelos contaminados de las minas de ... Texto y el recibo del agua en el Ayuntamiento.
En detalle, el actual equipo de gobierno presentó el pasado 24 de octubre dos denuncias, acompañadas de informes, sobre «varios hechos presuntamente constitutivos de delito». En respuesta a estas demandas, la Fiscalía «ha decidido iniciar diligencias de investigación para esclarecer los hechos denunciados sobre la compra de los suelos contaminados de las minas de Texeo y las sucesivas actuaciones llevadas a cabo sobre esta superficie». Por otra parte, prosigue la regidora, la investigación también se centrará en las tarifas aplicadas al suministro de agua en el municipio.
El primero de los asuntos es el relativo a esa compra de los terrenos«sin tener en cuenta que estaban contaminados, cuando existían varios informes que advertían de esta circunstancia». Según constaba en la denuncia, el equipo de gobierno anterior «era conocedor de la situación de dichos suelos y de que no se deberían llevar a cabo actuaciones sobre los mismos». Sin embargo, se destinó dinero procedente de subvenciones de los Fondos Mineros «sin haberse adoptado las medidas necesarias para su descontaminación».
Además, prosigue la alcaldesa, el precio de adquisición abonado por los terrenos no tuvo en cuenta -dice- tal circunstancia, «lo que supondría que se pagó una cantidad superior al valor real de la superficie».
Las inversiones realizadas para la recuperación del poblado minero de Rioseco, situado en los mencionados suelos, ascendió a más de 900.000 euros en 2006 y 2007, con un precio de adquisición de 120.000 euros, de los que el Ayuntamiento abonó la mitad.
Sobre el asunto del agua, señala el Consistorio, podría existir un posible incumplimiento de la normativa sobre la obligatoriedad de subir las tarifas del suministro en los supuestos donde no existía contador, «pese a las reiteradas solicitudes del Principado».
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