El crimen de Luis Salazar: el jurado tendrá que decidir entre homicidio o asesinato

En medio se encuentra la Fiscalía del Principado que califica el crimen de asesinato, pero que reclama 22 años de prisión para el acusado, Juan Antonio F. R. Según el relato de los hechos de esta parte, el hombre presuntamente mató a su yerno porque no quería que su nieto de dos años, hijo de la pareja, pasara con él el fin de semana tal y como había establecido el juzgado en el proceso de separación. La víctima, Luis Salazar Calabuig, tenía entonces 41 años.

El ministerio público sostiene que el acusado decidió terminar con la vida de su yerno, con el que su hija se encontraba en trámites de divorcio y a sabiendas de la mala relación que existía entre ambos. Según el escrito de calificación, tomó esta determinación ante la idea de que la víctima pudiera hacer uso de este derecho de visitas por primera vez ese mismo fin de semana. Así, minutos antes de las ocho de la mañana del 12 de noviembre de 2019, Juan Antonio se dirigió al domicilio de la víctima, en Mieres, y picó al telefonillo.

Su yerno le abrió la puerta y, ya en la vivienda, le invitó a charlar en la cocina. En ese momento, «de forma absolutamente sorpresiva, sin que mediara palabra alguna y sin que el padre del niño pudiera imaginarse en ningún momento el ataque, el acusado sacó de entre su ropa un arma blanca, tipo cuchillo o machete, con una hoja de gran tamaño, y se lo clavó en el abdomen con gran violencia y, a continuación, brutalmente, en la muñeca».

La víctima intentó defenderse sin éxito durante los pocos segundos que consiguió mantenerse en pie y cayó tendido en el suelo. Entonces, el acusado, valiéndose del mismo cuchillo y aprovechando que la víctima ya no podía repeler sus ataques, le propinó numerosos cortes tanto en la cabeza como en el cuello, utilizando el arma no solo para acuchillarlo, sino también para cortarlo y golpearlo. Llegó a propinarle hasta 25 puñaladas.

No obstante, la Fiscalía tiene en cuenta que el acusado se entregó ese mismo día a la Policía Nacional, por lo que considera un atenuante de confesión.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado Ignacio Botas, eleva la pena de cárcel a los 25 años. En su escrito, el abogado señala que el fallecido recibió más de 25 puñaladas de su suegro «con el agravante de alevosía y de aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima». En concepto de responsabilidad civil, se reclama una cuantía de 60.000 euros para cada uno de los hermanos (ocho).

La visión totalmente opuesta la tiene la defensa, ejercida por Antonio Pineda. El acusado se declarará culpable, pero de un delito de homicidio doloso en el que no hubo premeditación, tampoco alevosía ni ensañamiento.

Se querrá demostrar que hubo una trifulca con Luis Salazar y que el procesado actuó en legítima defensa. Además, se alegará que se entregó a la Policía Nacional y que confesó, lo que supone una atenuante muy cualificada. De este modo, en el mejor de los casos, la pena de cárcel podría ser de siete años y medio.

Está previsto que el juicio se desarrolle a lo largo de toda la semana, hasta el mismo viernes. Son numerosas las pruebas testificales que han pedido ambas partes.